Exculpada la exdirectora del CSIC por la muerte en un alud de un montañero de Bergara

Euskaraz irakurri: Elur-jausi batean hildako Bergarako mendizalearen auzian, errugabetu egin dute CSICeko zuzendari ohia

Un juez de Vielha (Lleida) ha acordado archivar la investigación abierta a la expresidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Rosa Menéndez por la muerte de dos personas, una de ellas el montañero de Bergara Unai Pérez de Arenaza, por un alud en una expedición a Val d'Aran, al concluir que esta se llevó a cabo en condiciones "seguras".

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de instrucción único de Vielha ha acordado estimar un recurso de las defensas y ha dado carpetazo a la investigación, que se abrió por un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores contra Menéndez y otras cinco personas, entre ellas cargos de la agencia estatal.

Arrastrados por un alud en el valle de Conangles

El accidente ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando tres miembros de una expedición científica destinada a recoger muestras de agua del lago Redon para un proyecto del CSIC -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- fueron arrastrados por un alud en el valle de Conangles que les precipitó por una roca vertical de 90 metros de altura.

A raíz del accidente, resultó herido grave Roberto Sánchez, investigador de Lasarte, contratado como técnico superior para el CSIC, y fallecieron las dos personas que le acompañaban: el montañero Unai Pérez de Arenaza, vecino de Bergara de 44 años y que residía desde hace años en Cataluña y el salmantino Gaspar Giner Abati, un biólogo que había trabajado en esta empresa pública.

Reclutados para el proyecto

Ambos fallecidos habían sido reclutados verbalmente por el director del proyecto, Luis C. -también investigado-, unos días antes de la salida de la expedición sin realizar ningún trámite administrativo previo, ni gestionar ninguna hoja de pedido de contratación y sin que la gerencia del CSIC autorizase ningún gasto relacionado con su intervención en la campaña de toma de muestras.

En su auto, el juez descarta indicios de delito en los investigados, al concluir que los montañeros que intervenían en la expedición contaban con el material necesario para realizarla "en condiciones seguras", sin que se aprecie infracción de ninguna norma en materia de prevención de riesgos laborales.

A ello se suma, añade el instructor, que los fallecidos "contaban con titulación de expertos en montaña, siendo conocedores del terreno y de las condiciones de la nieve y el riesgo de aludes de ese día, motivo por el cual hacían de guías en la expedición".

Respecto a la situación legal de los miembros de la expedición, concluye el juez que la expedición se llevó a cabo en el marco de los "acuerdos de colaboración" de los fallecidos con el CSIC, "ya sea como autónomos o como personal laboral, asumiendo libre y conscientemente la existencia del riesgo que entraña una caminata por la nieve, máxime cuando eran guías de alta montaña que conocían el terreno y el riesgo de aludes que existía ese día".

Recurso de las familias

Los familiares de los investigadores fallecidos, constituidos como acusación particular, han recurrido el archivo de la causa ante la Audiencia de Lleida, al entender que la falta de medidas de seguridad "suficientes" en la expedición era "evidente".

En mayo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló que los dos trabajadores fallecidos fueron empleados por la agencia estatal, pese a que no tenían contrato.