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Kontseilua denuncia el fallo del TS sobre Uliazpi y lo enmarca en la "ofensiva judicial contra el euskera"
Agencias | EITB Media
El Supremo no admitió a trámite el recurso presentado por la Diputación de Gipuzkoa, y por tanto, convirtió en firme la decisión de anular la OPE de 34 plazas en las que se exigía euskera.
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Una concentración de la plantilla de Uliazpi contra la sentencia del TSJPV. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Kontseiluak "oldarraldi judizialaren" baitan kokatu du Gorenak Uliazpiren helegitea onartu ez izana
Euskalgintzaren Kontseilua ha enmarcado la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso de la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la sentencia sobre los perfiles de euskera solicitados en la OPE de la Fundación Uliazpi en la "ofensiva judicial" contra la normalización de esta lengua y señala que "sin cambiar las herramientas será difícil hacer frente a los ataques de los tribunales".
El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a trámite el recurso de la Fundación Uliazpi contra la sentencia en la que el TSJPV consideró que la OPE de 34 plazas de cuidadoras que este organismo autónomo de la Diputación de Gipuzkoa de atención a discapacitados psíquicos hizo en 2021 "discriminaba a las personas sin perfil de euskera". La OPE exigía acreditar el perfil 2 de euskera en 32 de las plazas y en las dos restantes se valoraba como mérito.
"Para avanzar, para ir a otro escenario, el camino es crear nuevas herramientas y ponerlas en marcha", ha señalado la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, entre las que cita la propuesta del jurista Iñigo Urrutia "basada en la normativa vigente en Galicia y Cataluña".
Para Kontseilua, en este caso "se vulneran los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad como son las personas con necesidades especiales de cuidado por diversidad funcional o problemas de salud mental".
Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha mostrado también su malestar por esta decisión judicial. En concreto, la portavoz Irune Beresaluze ha expresado "el más absoluto desacuerdo" de la institución foral con una decisión que "no tenemos otro remedio que acatar, pero que consideramos injusta, porque ahonda en el cuestionamiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y en de la legítima autonomía de la Diputación para diseñar su política de empleo público garantizando dichos derechos".
