El nuevo decreto del uso del euskera "flexibiliza" el sistema de asignación de perfiles lingüísticos

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El sistema de acreditación de perfiles lingüísticos de euskera para el personal de la administración pública se va a modificar: se establecerán nuevas vías para acreditar el título; con base en el análisis de las funciones comunicativas del puesto de trabajo, se regularán perfiles lingüísticos simétricos, asimétricos o parciales; y se ampliará el ámbito de aplicación de la normativa. Así, el Gobierno Vasco busca "flexibilizar" el sistema y, a su vez, "garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía". 

El Departamento de Política Lingüística del Gobierno Vasco recibió en 2018 de manos del Parlamento Vasco el mandato de actualizar el decreto para la normalización del uso del euskera en el sector público vasco, un texto elaborado en 1997. Tras un complejo proceso, en el que han participado decenas de agentes (partidos políticos, sindicatos, Osakidetza, Ertzaintza, Educación, técnicas y técnicos de normalización lingüística, Consejo Asesor del Euskera...), la nueva norma ya está sobre la mesa. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUAE) ha sido la encargada de blindar el texto ante posibles recursos. "Es un texto adaptado a las últimas sentencias. Jurídicamente, impecable", aseguran fuentes del Ejecutivo.

El nuevo decreto iba a ser aprobado en el Consejo de Gobierno de este martes, pero la reunión ha quedado suspendida debido a la imposibilidad de acudir del lehendakari, Iñigo Urkullu, por un problema de salud de un familiar. La comparecencia posterior del portavoz del Ejecutivo de Gasteiz, Bingen Zupiria, también queda aplazada por las mismas causas.

Fuentes del Gobierno Vasco ya han adelantado que se trata de "una norma que viene a responder a la diversidad de la sociedad" y que "se adecuará a las realidades sociolingüísticas de cada lugar".

Nuevos mecanismos para acreditar el PL

Entre las novedades que contempla el decreto, destaca la referida a los nuevos sistemas de acreditación de los perfiles lingüísticos. A los tres sistemas actuales (IVAP, HABE o escuelas de  idiomas, y exención por haber cursado estudios en euskera), se les suman otros dos mecanismos: por un lado, se podrá obtener la acreditación realizando el examen de la prueba del proceso selectivo en euskera, para lo que se incorporarán técnicas y técnicos de IVAP a los tribunales. Asimismo, también a través del "uso fehaciente" del euskera en el puesto de trabajo se podrá adquirir el título, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas. 

En este sentido, el decreto permite la opción de que en los exámenes en castellano se realice "parte de la prueba en euskera" en aquellos casos en los que su conocimiento sea preceptivo o en los casos en los que las funciones estén "ligadas al proceso de normalización lingüística". Se trata de una medida que se decidirá en función de la realidad sociolingüística  y que siempre deberá ser comunicada con anterioridad al examen. El Gobierno Vasco recuerda que esta práctica es "habitual" en otros lugares del Estado español, como Cataluña o Galicia, y que "el propio Gobierno español lo aplica en sus oposiciones con el inglés".

Se amplía el ámbito de aplicación

Otra de las novedades está relacionada con el ámbito de aplicación de la norma. Se amplía el paraguas y se extienden las obligaciones a todo el personal del sector público. Las sociedades, consorcios y fundaciones (con una participación pública superior al 50 %) tendrán las mismas obligaciones que las administraciones. Es decir, deberán elaborar planes de euskera y establecer perfiles lingüísticos para cada puesto. Dispondrán de un plazo de hasta enero de 2033 para adaptarse al nuevo decreto, que también establece que se "fijará preferiblemente la preceptividad en los puestos de atención al público". En total, afectará a un colectivo de cerca de 140 000 personas, 35 000 más con respecto al decreto anterior. 

De la misma manera, las empresas privadas contratadas por el sector público que vayan a prestar servicios ante el público deberán garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. En esos casos, los pliegos de contratación deberán recoger obligatoriamente las condiciones para la euskaldunización de la plantilla, siendo responsabilidad del contratante garantizarlo.

Perfil simétrico, asimétrico y parcial

El decreto también dibuja un nuevo esquema de los perfiles lingüísticos: con base en el análisis de las funciones comunicativas del puesto de trabajo, las entidades deberán establecer perfiles lingüísticos simétricos, asimétricos o parciales. Dicho de otra manera:  se establecen nuevos perfiles que diferencian el nivel de expresión oral y escrita. Como consecuencia, en determinados puestos se podrá exigir, por ejemplo, el B2 en expresión oral y el A2 en destreza escrita (perfil asimétrico).

Para los puestos en los que se requiere el mismo nivel oral y escrito se mantiene el "perfil simétrico".

Asimismo, habrá una tercera opción: los "perfiles parciales". Estos responden a las solicitudes de diversas asociaciones de personas con diversidad funcional y están diseñados para aquellas personas a las que les resulte imposible ser evaluadas de determinadas destrezas.

Por otro lado, la norma mantiene las exenciones para la acreditación por razón de edad (45 años) y otros motivos. Tampoco varía la medida referida a los casos en los que el perfil no es obligatorio, y se seguirá valorando el euskera como mérito en la misma proporción que ahora.

Con todo ello, el Departamento de Política Lingüística pretende que, a medida que "las nuevas generaciones accedan a los puestos de trabajo de la administración", en un periodo de 10 años, se garantice el derecho de la ciudadanía de recibir el servicio en euskera en las instituciones públicas y sociedades dependientes de la misma.

Desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), la implantación del decreto será inmediata, salvo en dos casos: el organismo IVAP tendrá una moratoria de un año para su adaptación, y las sociedades y consorcios dependientes de la administración, de 9 años.