Los operadores de transporte escolar en Euskadi recurrirán la orden de continuidad forzosa

Euskaraz irakurri: Euskadiko eskola-garraioko operadoreek errekurtsoa jarriko dute nahitaezko aginduaren aurka

Las asociaciones del sector de transporte escolar en los centros de educación de Euskadi, incluyendo Agrupación Alavesa de Transporte de Viajeros, Anetra, Asintra-Euskadi y Aundi, han anunciado que un número importante de sus asociados, "la mayoría pequeñas y medianas empresas familiares vascas", recurrirán la orden de ejecución forzosa firmada y publicada este martes por la Consejería de Educación.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), hasta las 13:00 horas de este jueves todavía no habían recibido ningún recurso.

Los operadores de transporte escolar consideran que la orden del Gobierno Vasco para la prestación forzosa del servicio de transporte no se ajusta a Derecho y quieren comunicar a la sociedad vasca que la ausencia de tiempo material suficiente desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el pasado día 5 de septiembre para organizar y disponer adecuadamente los recursos necesarios "imposibilita la prestación del servicio".

Las empresas afectadas manifiestan no poder comprender por qué después del compromiso personal adquirido por el consejero de Educación hace más de un año para solucionar el problema derivado de las condiciones de licitación, "que comprometen gravemente la rentabilidad y viabilidad empresarial de los operadores", éste no haya querido reunirse con el sector a pesar de los reiterados llamamientos realizados en ese sentido por los operadores durante los últimos meses. De la misma manera, las empresas del sector consideran "injustas y para nada merecidas" las "graves acusaciones" vertidas por el consejero de Educación el pasado viernes, antes de que se publicara la orden recurrida.

En cualquier caso, los operadores han explicado que continúan manteniendo su disposición a que se resuelva la situación de una manera que les permita competir por el servicio de transporte escolar en unas condiciones mínimas de rentabilidad y seguridad jurídica, "las cuales no se dieron ni en las últimas licitaciones convocadas en 2023 y que quedaron, como también sucede en otros sectores, desiertas mayoritariamente el pasado mes de julio, ni tampoco en las que fueron anuladas por el OARC en 2021 y 2022".