La ley de Movilidad Sostenible apuesta por el transporte público y más desplazamientos a pie y en bici

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El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible busca reducir la huella de carbono de Euskadi mediante el impulso a la "movilidad activa" con más desplazamientos a pie y en bicicleta y menos en vehículo privado, el fomento del tren y la posibilidad de desplegar incentivos o recargas fiscales.

El Consejo de Gobierno ha dado este martes luz verde al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que será remitido posteriormente al Parlamento Vasco para su debate y aprobación.

Su objetivo es crear un marco para impulsar la movilidad sostenible en Euskadi, tanto de personas como de mercancías y favorecer su abordaje desde los ámbitos autonómico, foral y municipal. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha presentado los detalles del proyecto de ley.

Entre sus principales objetivos se encuentran configurar un sistema de transporte integrado y coordinado, priorizando el transporte público y optando por medios que consuman combustibles alternativos, proporcionar una oferta de transporte público que garantice la accesibilidad universal, implantar medidas disuasorias del uso del vehículo privado promoviendo la movilidad activa, potenciar la intermodalidad en el transporte de personas y de mercancías, y contribuir a la mejora del medio ambiente y la seguridad y salud de la ciudadanía.

Arriola ha explicado que el proyecto de ley se centra en incentivar la movilidad activa (a pie o en bicicleta), el impulso del transporte público frente al vehículo privado, la interoperabilidad de los títulos públicos de transporte en un sistema integrado intermodal, la promoción del tren y el favorecimiento de la movilidad sostenible desde el ámbito de la planificación autonómica, foral y municipal.

Asimismo, otorga derechos y obligaciones a la ciudadanía en la elaboración de los planes de movilidad y obliga a los municipios a tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas. Según Arriola, el fin es reducir la huella de carbono y avanzar hacia un sistema de transportes intermodal que priorice el acceso de las personas al transporte público. Entre las medidas se incluye un plazo de dos años para que los títulos de transporte existentes sean plenamente interoperables en todos los modos de transporte de la Comunidad Autónoma Vasca.

La ley determina que las diputaciones forales y ayuntamientos podrán establecer en el ámbito de sus competencias, medidas fiscales y financieras. Por ejemplo, podrán crear tasas cánones o establecer gravámenes sobre las ya existentes, crear tributos u otros instrumentos fiscales, o establecer reducciones, bonificaciones o exenciones para actividades que fomenten actuaciones que tengan por finalidad cumplir con los objetivos de esta ley.