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El Parlamento Vasco aprueba la ley de Administración Ambiental con el rechazo de la oposición
agencias | EITB MEDIA
La norma permite al Gobierno aprobar proyectos de interés público superior (PIPS), incluso por encima de lo establecido en los planes urbanísticos municipales. Tapia defiende que los PIPS están "muy definidos y que van a tener regulación propia".
Euskaraz irakurri: Legebiltzarrak Ingurumen Administrazioari buruzko legea onartu du, oposizioaren kontrako botoarekin
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El Parlamento Vasco ha aprobado, con la mayoría que suman los grupos en el Gobierno —PNV y PSE-EE— la ley de Administración Ambiental de Euskadi que ha sido rechazada por todos los grupos de la oposición que han criticado la introducción de la figura de los Proyectos de Interés Público Superior (PIPS), mecanismo con el que el Gobierno Vasco puede "superponerse" al planeamiento municipal para construir una infraestructura que considere de Interés Público Superior.
El pleno de la Cámara vasca ha dado luz verde al dictamen formulado por la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Medio Natural sobre el proyecto de ley de Administración Ambiental de Euskadi. La votación ha tenido lugar tras un tenso debate en el que la oposición ha denunciado una "invasión" de las competencias municipales porque el Gobierno Vasco podrá autorizar la instalación de depuradoras, vertederos, plantas de reciclaje y crematorios, entre otros proyectos, en los lugares que estime adecuados.
En la exposición de la nueva norma, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha defendido la posición del Ejecutivo y ha reconocido que es necesario disponer de un mecanismo en relación a estos proyectos que pueda superponerse a la normativa municipal si se determina que es la ubicación más adecuada para su desarrollo.
Asimismo, ha acusado a la oposición de mentir y de generar "ruido" sobre este tema con un "revuelo interesado y manipulado" porque todos estos proyectos de interés público superior, ha recalcado, estarán sujetos a todas las autorizaciones medioambientales y los ayuntamientos podrán elaborar sus respectivos informes.
En una comparecencia posterior ante los medios, Tapia ha explicado que los PIPS están "muy tasados, muy definidos y van a tener una regulación propia para establecer cuáles son los criterios que tienen que llevarse a cabo en cada caso".
"Vamos a necesitar dos tipos de actuaciones. Por una parte, ampliar o dar una vida un poco más larga a los vertederos que tenemos en este momento y poner en marcha infraestructuras que hagan el tratamiento de sus residuos para su recuperación y para establecer políticas de economía circular que les permitan tener una segunda vida, que también aparece en la ley de Administración ambiental con la forma en la que vamos a realizar la compra pública verde, por ejemplo", ha señalado.
No obstante, ha explicado que no tienen sobre la mesa ninguna infraestructuras específica que vaya a requerir la figura de PIPS. "Insisto, no nos olvidemos que tiene que tener también un impulso público y que esté sujeta, evidentemente, a todas las autorizaciones ambientales", ha insistido.
La oposición critica la figura de los PIPS
Durante el debate, Mikel Otero (EH Bildu) ha considerado que con esta ley "lesiva" se da "vía libre a la imposición" porque cercena las competencias municipales y ha advertido de que ahora el Ejecutivo de Iñigo Urkullu podría aprobar, por ejemplo, la explotación de gas del pozo de Subijana (Vitoria-Gasteiz), proyecto que ya ha sido rechazado, en contra del plan municipal.
Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) ha denunciado que la ley "pone patas arriba" el ordenamiento territorial y convierte a Tapia en la "alcaldesa oculta" de los municipios y también ha rechazado la mayor parte del contenido de la norma por priorizar la industria por encima de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente.
Desde el grupo PP+Cs, Muriel Larrea ha manifestado que el PNV se ha empeñado en "ensuciar" un proyecto que tiene otros aspectos positivos, le ha culpado de modificar otra norma, la de ordenación territorial, sin el procedimiento legislativo ordinario y ha reprochado al PSE-EE que dé carta blanca al Gobierno Vasco para decidir sobre los PIPS.
Amaia Martínez (Vox), por su parte, ha rechazado los "impuestos verdes" para los vascos que contempla la legislación y se ha quejado de que no se haya tenido en cuenta a los ayuntamientos en la elaboración de la ley.
Entre los grupos que sustentan al Gobierno Vasco, María Eugenia Arrizabalaga (PNV) ha destacado que la ley hace frente a la complejidad administrativa ambiental, agiliza trámites y da mayor protección al medioambiente mientras que Alberto Alonso (PSE-EE) ha destacado que promueve la economía circular y sostenible.
