Sociedad
JUICIO
Costumero asegura en el juicio que los trabajadores de la Diputación mienten
EITB MEDIA | AGENCIAS
El Servicio de Menores le quitó a su hija en 2017 alegando "síndrome de alienación parental". La ONU envió una dura comunicación al Gobierno de España en septiembre de 2020 pidiendo explicaciones.
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Irune Costumero ha declarado hoy en la primera sesión del juicio sobre la retirada de la custodia de su hija que los informes en los que se basó la Diputación son parciales y que los acusados mienten. Además, a su llegada al Juzgado, ha dicho que espera que su hija vuelva pronto a casa.
Costumero, la madre que ha iniciado este procedimiento con el servicio de infancia de la Diputación Foral, ha asegurado que le "arrancaron de manera violenta" a su hija sobre un "inexistente" síndrome, "sin haber preguntado a la niña por qué no quería ir con su padre".
Ha recordado que salió "huyendo" con su hija tras haber denunciado al padre por malos tratos y que, si bien el procedimiento fue sobreseído, ha respondido a la fiscal, que en este caso se ha alineado con la defensa de la Diputación y ha reiterado sus preguntas a los testigos sobre la labor de la denunciante como madre.
Costumero ha contado además que el padre "secuestró" a la niña cuando tenía 21 meses y la mantuvo "en paradero desconocido" durante meses en los que no supo "si estaba viva o muerta" y ha recordado que Osakidetza inició en tres procedimientos de malos tratos del padre contra la menor, "si bien el juez entendió que las lesiones no eran tan graves como para que no volviera con él".
Antes ha declarado el acusado Sergio Murillo, diputado de Acción Social de Bizkaia, y al igual que los otros tres miembros de su departamento en el banquillo, ha subrayado que la orden de retirada de la custodia de su hija se basaba en los informes sobre supuestos malos tratos psicológicos, y que si hubieran tenido alguna duda del cuidado del padre, la niña habría quedado en manos de la Diputación. Además, los trabajadores públicos han añadido que si volviera a pasar, actuarían de la misma manera.
El diputado de Acción Social y las tres funcionarias del Servicio de Infancia acusados de haber quitado a una mujer a su hija han reconocido que consideraron que la menor se encontraba en situación de riesgo y desprotección en base a una valoración que argumentaba un trastorno por alienación parental.
En la primera sesión del juicio en la Audiencia de Bizkaia, los acusados han asegurado que los servicios sociales en los ayuntamientos y las Diputaciones Forales siguen aplicando el instrumento Valora elaborado en 2011 por el Gobierno Vasco y que considera un riesgo grave o muy grave para un menor la manipulación de uno de los progenitores para poner al menor en contra del otro, conocido como el síndrome alineación paternal.
Ese síndrome, negado científicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue rechazado por el Consejo General del Poder Judicial y es ya perseguido por la Ley de Protección a la Infancia aprobada en las Cortes, al considerar que menoscaba la credibilidad de las madres y tumba testimonios de malos tratos, volviendo la sospecha hacia ellas.
Murillo y las funcionarias acusadas han defendido la legalidad de sus actuaciones y han asegurado que en agosto de 2017 firmaron al orden para retirar provisionalmente la custodia compartida que había dictado un juez en 2013 y asumirla como institución.
Entonces acordaron que la niña viviera con el padre, convencidos de que era lo mejor para la menor porque la madre no estaba dando "un trato adecuado a su hija" y que esa situación le podía causar "un daño psicológico en el futuro". Por contra, han asegurado que el padre siempre estaba dispuesto a colaborar.
Han explicado que fueron los servicios sociales de Barakaldo quienes consideraron que la niña se encontraba en grave riesgo y por lo tanto remitieron el caso al servicio foral, donde intentaron un "plan de intervención" con la familia, tras "un divorcio conflictivo".
Según han relatado, la niña rechazaba a su padre y repetía que le pegaba, y tras varios meses de visitas "difíciles" en el punto de encuentro, porque según el servicio de infancia la madre "obstaculiza" esas reuniones, resolvieron en agosto de 2017 retirar la niña a su madre para que "retomara" la relación con su padre ya que "no había evidencias de que el padre fuera un maltratador; solo lo que decía la madre", que han calificado de "muy intrusiva" y "perjudicaba su hija".
Los funcionarios han tildado de "gritos desmesurados" los que profirieron tanto la niña como su madre y abuela cuando se la llevaron definitivamente a vivir con su padre, en un momento que para la fiscal y la defensa se ha calificado de "entrega" y que para la madre fue "el arrancamiento" de su lado, de manera "ilegal".
La funcionaria que retiró a la niña mientras se aferraba a su madre ha contado que lloraba pero que se la llevó "de las manitas" y que al dejar de ver a su progenitora, enseguida se tranquilizó y comenzó "a hablar de su vestidito y de otras cosas". Pero Costumero y la abuela materna han contado que "se la llevaron en volandas" mientras gritaba "en un ataque de ansiedad tremendo" y se le escuchaba llorar a lo lejos.
La abuela ha testificado sobre ese instante asegurando que tiraron de la niña y la cogieron "como a un monigote", tras lo que ha roto a llorar, y le ha dicho a su hija "no sé cómo has aguantado tanto" y que "no lo van a conseguir".
Juicio hasta el miércoles
La Audiencia de Bizkaia juzga desde hoy al actual diputado foral de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo, y a otros tres miembros de su departamento por firmar una orden foral por la que retiraban a Irune Costumero la custodia de su hija de cinco años al considerar que "la manipulaba contra su padre". Aplicaron el llamado "Síndrome de Alienación Parental" (SAP), una falsa patología que no está reconocida por ninguna institución médica o psiquiátrica internacional, pero que se aplica en los procesos judiciales y tiene como consecuencia la retirada de custodia de las madres acusándolas de influir en que sus hijos no quieran ver a sus padres.
La niña fue separada de su madre en 2017 y pese a sus esfuerzos, el caso que lleva pendiente de revisión por parte de la justicia desde entonces, tiempo en el que la menor vive con su padre.
En el juicio, que se celebra entre hoy y el miércoles, la acusación solicita 5 años y 6 meses de cárcel por delitos de prevaricación, maltrato y delito de lesiones psíquicas por haber arrebatado una hija a su madre sin conocimiento del juez, que previamente había resuelto un régimen de custodia compartida. La Fiscalía pide el sobreseimiento del caso.
El movimiento feminista de Arratia ha realiado una protesta para las 09:00 horas ante el Palacio de Justicia de Bilbao.
VÍDEO | Concentración de apoyo a Irune Costumero en la Audiencia de Bizkaia
Esta madre vizcaína también ha recibido el apoyo del Gobierno español, en boca de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La ministra ha publicado un tuit en el que brinda su apoyo a Costumero y le asegura que "no está sola". Según Montero, "a Irune Costumero nuestro país le debe reparación por no reconocer su lucha protegiendo a su hija frente a la violencia machista".
A Irune Costumero nuestro país le debe reparación por no reconocer su lucha protegiendo a su hija frente a la violencia machista. Urge que nuestra justicia deje de aplicar el falso SAP o derivados, como la relatora de la ONU o el Comité CEDAW nos recuerdan.
— Irene Montero (@IreneMontero) June 7, 2021
Irune, no estás sola
El tribunal deberá determinar si es un caso de violencia institucional
El tribunal deberá dictaminar sobre si los cuatro responsables de la institución separaron a ambas a sabiendas de que no estaban actuando correctamente y si son, además, responsables de su sufrimiento.
Se tratará de determinar si esta situación supone un caso de violencia institucional, tal y como se desprende de un informe remitido por la ONU en septiembre de 2020 al Gobierno de España pidiendo explicaciones.
El propio escrito de la ONU relata cómo, tras el acuerdo de una custodia compartida entre Costumero y su expareja acordada por un juzgado en 2013, la denuncia del padre ante los servicios sociales de la Diputación de Bizkaia afirmando que la madre influía en la niña para que no pasase tiempo con él, motivó una actuación de esta institución. Costumero había denunciado a su expareja por malos tratos, pero el caso se cerró con una absolución.
Los servicios sociales decidieron retirar la custodia a la madre y que su tutela pasara a la administración y al mismo tiempo cedérsela la padre. Para ello, llevaron a cabo lo que se conoce como "arrancamiento". Citaron a Costumero y a su hija sin explicarle los motivos y una vez en las dependencias de los servicios sociales, separaron por la fuerza a la niña de su madre con la ayuda de tres policías y tres agentes de seguridad privados y por los trabajadores del servicios de infancia. La separación no fue comunicada al juzgado ni estaba avalada por un juez.
En el juicio, Costumero tratará de demostrar que la Diputación Foral de Bizkaia le quitó de manera "ilegítima" y "violenta" a su hija, sin atender al rechazo y al miedo que le generaba su padre.
"Espero justicia, pero sobre todo poder estar con mi hija"
Irune Costumero asegura, en una entrevista ofrecida a eitb.eus, que las penas que se piden "no van a compensar el sufrimiento de mi hija, ni mucho menos", pero confía en que la Audiencia de Bizkaia "haga justicia". "Sobre todo lo que espero es poder estar con mi hija, y que vuelva a casa de una vez por todas", subraya.
Define su lucha de los últimos años como "David frente a Goliat" y explica que no ha tenido apoyo en Euskadi, porque "además de ser un tema muy desconocido, la Diputación es un ente con mucho poder".
La Diputación actuó de oficio "dada la gravedad" del caso
La Diputación ha ofrecido una cronología del caso, y ha subrayado que actuó de oficio "dada la gravedad del caso", considerando "necesaria con carácter urgente la intervención del Servicio de Infancia y Familia de la Diputación Foral de Bizkaia".
La directora del Servicio de Infancia de la Diputación, Maite Iturrate, ha afirmado que las decisiones que toma el Servicio de Infancia "son difíciles" y "se adoptan bajo los criterios técnicos que marca la ley, donde siempre prevalece el interés supremo del menor".
