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Sociedad

JUICIO

El 7 de junio arranca el juicio de Irune Costumero contra la Diputación de Bizkaia

EITB MEDIA | AGENCIAS

El Servicio de Menores le quitó a su hija en 2017 alegando "síndrome de alienación parental". La ONU envió una dura comunicación al Gobierno de España en septiembre de 2020 pidiendo explicaciones.

  • Irune Costumero. Foto: EFE

    Irune Costumero. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Ekainean hasiko da Bizkaiko Aldundiaren aurkako epaiketa Irune Costumero kasuagatik

El 7 de junio comienza en la Audiencia de Bizkaia el juicio contra el actual diputado foral de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo, y otros tres miembros de su departamento por firmar una orden foral por la que retiraban a Irune Costumero la custodia de su hija de cinco años al considerar que "la manipulaba contra su padre". Aplicaron el llamado "síndrome de alienación parental", una falsa patología que no está reconocida por ninguna institución médica o psiquiátrica internacional, pero que se aplica en los procesos judiciales y tiene como consecuencia la retirada de custodia de las madres acusándolas de influir en que sus hijos no quieran ver a sus padres.

La niña fue separada de su madre en 2017 y pese a sus esfuerzos, el caso que lleva pendiente de revisión por parte de la justicia desde entonces, tiempo en el que la menor vive con su padre. En el juicio, que se celebrará entre el 7 y el 9 de junio, los imputados se enfrentan a una petición de 5 años y 6 meses de cárcel por delitos de prevaricación, maltrato y delito de lesiones psíquicas por haber arrebatado una hija a su madre sin conocimiento del juez, que previamente había resuelto un régimen de custodia compartida.

El tribunal deberá dictaminar sobre si los cuatro responsables de la institución separaron a ambas a sabiendas de que no estaban actuando correctamente y si son, además, responsables de su sufrimiento.

Se tratará de determinar si esta situación supone un caso de violencia institucional, tal y como se desprende de un informe remitido por la ONU en septiembre de 2020 al Gobierno de España pidiendo explicaciones.

El momento de cómo arrancaron a la niña de la madre

El propio escrito de la ONU relata cómo, tras el acuerdo de una custodia compartida entre Costumero y su expareja acordada por un juzgado en 2013, la denuncia del padre ante los servicios sociales de la Diputación de Bizkaia afirmando que la madre influía en la niña para que no pasase tiempo con él, motivó una actuación de esta institución. Costumero había denunciado a su expareja por malos tratos, pero el caso se cerró con una absolución.

Los servicios sociales decidieron retirar la custodia a la madre y que su tutela pasara a la administración y al mismo tiempo cedérsela la padre. Para ello, llevaron a cabo lo que se conoce como "arrancamiento". Citaron a Costumero y a su hija sin explicarle los motivos y una vez en las dependencias de los servicios sociales, separaron por la fuerza a la niña de su madre con la ayuda de tres policías y tres agentes de seguridad privados y por los trabajadores del servicios de infancia. La separación no fue comunicada al juzgado ni estaba avalada por un juez.

En el juicio, Costumero tratará de demostrar que la Diputación Foral de Bizkaia le quitó de manera "ilegítima" y "violenta" a su hija, sin atender al rechazo y al miedo que le generaba su padre.

"Lo hago por mi hija y por otros niños que sufren esta tortura institucional"

Irune Costumero cuenta que nada le devolverá los cuatro años sin su hija, "ni los cumpleaños o las navidades separadas", ni aliviará "el dolor de verla irse llorando y atemorizada", pero confía en que la Audiencia de Bizkaia condene a los cuatro funcionarios que hicieron de su vida y de la de su hija "una tortura".

"Me han aconsejado tirar la toalla, que lo deje ahora que por fin me dejan estar con ella un fin de semana de cada dos y parte de las vacaciones; hasta me han amenazado", explica esta madre en una entrevista.

Define su lucha de los últimos años como "David frente a Goliat" y explica que lo hace por "mi hija y por otros niños" que sufren "esa tortura institucional" .

La Diputación no ha querido exponer publicamente su postura ante estas acusaciones y ha añadido que "lo que tenga que decir, lo hará ante el tribunal".