Amnistía Internacional denuncia falta de respuestas ante casos de bebés robados

Euskaraz irakurri: Haur lapurtuen salaketen aurrean erantzun falta salatu du Amnistia Internazionalak

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado la falta de respuestas por parte del Estado español ante las denuncias por casos de bebés robados. La organización ha asegurado que no existe "vocación de investigar" y ofrece recursos "insuficientes e inadecuados" a los denunciantes de casos de bebés robados, alimentando así "un clima de impunidad respecto a estas violaciones de derechos humanos".

Esta es una de las conclusiones a la que ha llegado el organismo internacional en un informe dedicado a los casos de bebés robados en España, en el que destaca que en los procesos de búsqueda los familiares "continúan encontrando obstáculos y resultan ser en su mayoría infructuosos".

"Aunque en los últimos años se han puesto en marcha algunos recursos para abordar este tema, como el Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia, no cuentan con los recursos suficientes, no hacen acompañamiento a las víctimas, apenas siguen los casos y no proporcionan apoyo psicológico ni orientación jurídica", afirma Amnistía Internacional.

Por ello, observa "con preocupación que las acciones de los distintos poderes del Estado español no han proporcionado hasta la fecha respuestas a las víctimas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos".

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ve así como una "oportunidad histórica" la posible aprobación en el Congreso de una ley de bebés robados, reclama al Gobierno que garantice la asistencia legal y psicológica a las víctimas, así como que desde el poder judicial se impulsen "investigaciones exhaustivas e independientes para esclarecer los hechos".

Estos procedimientos judiciales han caído en caso roto, denuncia la organización, que aporta datos sobre las diligencias puestas en marcha entre 2011 y 2021. Fueron un total de 2138, de las que solo una, iniciada en Barcelona en 2020, sigue abierta. 526 llegaron a ser judicializadas, pero muchas se cerraron por prescripción.

AI afirma que actualmente los procesos de búsqueda siguen recayendo en las familias, sin que el Estado ni la Iglesia les faciliten el acceso a información relevante para esclarecer los hechos.