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Gipuzkoa
La Ertzaintza desaloja el edificio del Infierno en San Sebastián
AGENCIAS | REDACCIÓN
SOS Racismo ha denunciado que el desolojo se produce "en plena pandemia" y que no se ha ofrecido ninguna alternativa a las presonas que vivían en el edificio.
Euskaraz irakurri: Donostiako Infernua eraikina jendez hustu du Ertzaintzak
La Ertzaintza ha desalojado a las personas sin techo que ocupaban los pabellones en desuso del "Infierno", en el barrio donostiarra de Ibaeta, en una actuación que se ha llevado a cabo por orden judicial.
La operación se ha desarrollado sin incidentes y únicamente se ha producido la detención de una persona, aunque por motivos ajenos al desalojo, ya que tenía pendiente una orden de arresto por quebrantar otra de alejamiento, según ha informado el Departamento de Seguridad.
El desalojo se inició a primera hora de este jueves y ha terminado poco antes de las 13:30 horas sin ningún tipo de altercado, aunque sí han tenido lugar algunos cortes de tráfico puntuales en la avenida de Tolosa y protestas por parte de un grupo de personas que exigían la marcha de la Ertzaintza ante un importante despliegue policial.
Tras ponerse en marcha el dispositivo, el Ayuntamiento de San Sebastián ha aclarado que el desalojo responde a una orden judicial solicitada por los propietarios de los edificios ocupados y ha remarcado que el consistorio "no ha tenido ningún papel" en esta operación.
Por su parte, SOS Racismo ha señalado que la pasada noche agentes de la Ertzaintza se acercaron al lugar para avisar a los moradores de que debían recoger sus cosas y marcharse a otro sitio y de que durante la mañana de hoy acudiría la secretaria judicial con una orden de desalojo.
Las patrullas de la Ertzaintza han acudido a las 07:00 horas para llevar a cabo el desalojo, según ha indormado SOS Racismo, que ha denunciado que se produce "en plena situación de pandemia, sin oferta de recursos habitacionales" para las personas que residen en estos edificios.
La ONG ha criticado que las autoridades presentan a estos ocupas como una "amenaza para el orden público, vulnerando sus derechos fundamentales e ignorando a su vez la responsabilidad del Ayuntamiento hacia la situación de calle en la que se encuentran".
Considera que "aprovechar el estado de alarma y el toque de queda" por la pandemia de COVID-19 es una "herramienta pensada para desmovilizar la solidaridad y aumentar la vulnerabilidad de las personas".
Recuerda que la "amenaza de desalojo ha estado presente durante los últimos meses y se ha materializado en el momento más crítico", lo que refleja una "planificación y una estrategia diseñada para agotar las fuentes de apoyo y movilización social".
