ELA demanda a otras cinco residencias y a las diputaciones vascas

Euskaraz irakurri: ELAk foru aldundien eta beste bost egoitzaren aurkako salaketak jarri ditu

El sindicato ELA ha presentado nuevas demandas contra cinco residencias de mayores de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa por "vulnerar el derecho a la salud y la vida de los trabajadores" de estos centros afectados por el Covid-19 y de manera solidaria ha demandado también a las tres Diputaciones forales.

Estas demandas se suman a las tres presentadas con anterioridad por el sindicato contra tres residencias de ancianos de Gipuzkoa y la Diputación foral del territorio por el mismo motivo.

En esta ocasión, ELA ha demandado en Bizkaia a las residencias Abeletxe de Ermua, Fundación Miranda de Barakaldo y la Residencia Arandia de Arrigorriaga y a la Diputación del territorio, por "ser responsable y titular del servicio".

En Álava, ha demandado a la residencia Ariznavarra y en Gipuzkoa a la Residencia Berra de Alza (Donostia), así como a las respectivas Diputaciones Forales.

En sus demandas, ELA solicita "medidas cautelarísimas" para que las direcciones urgentemente provean a todas las trabajadoras de Equipos de Protección Individual -EPI- homologados, realicen test para detectar el Covid-19 a todas las empleadas y cumplan de manera íntegra las guías y protocolos estipulados.

Según ha precisado la central, en la Residencia Abeletxe de Ermua, gestionada por la empresa Vitalitas-Vialia, han fallecido 18 usuarios y casi 30 trabajadoras han dado positivo en las pruebas para detectar el coronavirus. En ella, "el incumplimiento de las medidas y de los protocolos está siendo una constante", ha asegurado.

También en la Residencia Arandia de Arrigorriaga, del Grupo DOMUS VI y donde han fallecido 9 usuarios, y en la residencia Fundación Miranda de Barakaldo, con 12 usuarios fallecidos, se han "incumplido" los protocolos y hay falta de equipos de protección, según los datos de ELA.

El sindicato ha denunciado que, asimismo, ha sido "una constante" la falta de EPI en la residencia alavesa de Ariznavarra de la empresa DOMUS VI, en la que han fallecido, según sus datos, 10 personas por Covid-19, 32 trabajadoras están de baja y de los residentes más del 35 % ha dado positivo.

En Gipuzkoa, ELA ha demandado a la Residencia Berra de Alza (Donostia), del Grupo DOMUS VI, donde "han fallecido 25 personas desde el pasado 20 de marzo", 38 trabajadoras están de baja por haber dado positivo y otros 28 residentes como positivo. En este centro, sólo se ha hecho test "a los residentes que presentan síntomas".

Por otro lado, el Juzgado de lo Social número 1 de Eibar ha desestimado adoptar medidas cautelares en la residencia Argixao de Zumarraga, tal y como lo solicitaba ELA.

El sindicato ha señalado que en el auto de Eibar se apunta "que si bien sería de todo punto de vista deseable el cumplimiento por parte de las codemandadas de todas y cada una de las exigencias esgrimidas por la parte actora en su demanda, que en la situación actual y dado el estado de alarma en el que nos encontramos la premura con la que aquella pretende que se lleven a cabo, resulta prácticamente imposible", por lo que se desestima la adopción de medidas cautelares contra la residencia.

ELA ha indicado que, no obstante, podrán ser tenidas en consideración tras el juicio que se celebrará el próximo 23 de abril de 2020.

LAB denuncia al departamento de Salud por no intervenir dos residencias de Vitoria y Ermua

Por su parte, el sindicato LAB ha interpuesto una solicitud de medida cautelarísima ante la falta de respuesta del departamento de Salud a su exigencia de intervención directa de dos centros residenciales, la Residencia Carmelitas de la Caridad en Vitoria y la Residencia Abeletxe en Ermua.

Según el sindicato, han solicitado a la consejería de Salud la intervención directa de estos dos centros de mayores para que se tomen en ellas varias medidas contra el coronavirus.

Entre ellas, estudios reales de epidemiología a todas las personas trabajadoras y usuarias, un aumento del personal de atención directa e indirecta y la dotación de medidas de protección a los trabajadores.