El fallo del Tribunal Supremo sobre La Manada provoca una satisfacción generalizada

Euskaraz irakurri: Auzitegi Gorenak La Manadari buruz emandako epaiak poza eragin du

Instituciones y partidos políticos han mostrado su satisfacción ante el fallo del Tribunal Supremo que confirma que la agresión que sufrió una joven de 18 años en los sanfermines de 2016 en Pamplona fue una violación y, por lo tanto, eleva de 9 a 15 años la pena de prisión para los cinco miembros de La Manada: José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza y Antonio Manuel Guerrero.

El Gobierno de Navarra se "congratula" por la sentencia que "confirma la calificación de agresión que desde el inicio y a lo largo de todo el proceso ha defendido el Ejecutivo foral al entender que existía un delito continuado de violencia, tal y como señala hoy el fallo del Tribunal Supremo".

En un nota, ha recordado que desde el inicio del procedimiento se ha personado como acusación "en defensa y protección de la víctima", a quien reitera su "apoyo y solidaridad".

Además, el Ejecutivo Foral ha expresado su "férreo compromiso para que no haya una sola situación de violencia contra las mujeres".

En su cuenta de Twitter, la presidenta en funciones del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, afirma: "Que no es abuso, que es violación. Lo dijimos desde el principio: #YoSiTeCreo y hoy el Supremo se suma finalmente a la sociedad".

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha expresado su "respeto a esta y a todas las decisiones judiciales" y ha mostrado su satisfacción porque "una vez más se demuestra que en nuestro país el que incumple la ley, paga por ello".

Ha insistido, además, en la "repulsa y condena una vez más de la agresión" y "en la voluntad firme para desterrar este tipo de conductas de nuestra sociedad".

También la portavoz parlamentaria de EH Bildu en Navarra, Bakartxo Ruiz, muestra su satisfacción porque "casi tres años después, los tribunales dictaminan que sí, que fue violación, algo que la mayoría social y política teníamos claro".

"El clamor popular, las movilizaciones en Iruñea, el resto de Nafarroa y Euskal Herria a lo largo de este tiempo han sido cruciales", destaca la dirigente soberanista.

El exalcalde de Pamplona y concejal de EH Bildu, Joseba Asiron, indica en su cuenta: "Dijimos que apoyaríamos a la mujer agredida hasta el final y hemos cumplido ese compromiso".

Para Asiron, "el empeño institucional junto al movimiento ciudadano demuestran que es necesario e imprescindible seguir trabajando por la erradicación de las agresiones sexistas".

Por su parte, la diputada navarra de Podemos, Ione Belarra, subraya que "por fin la justicia empieza escuchar el grito unánime en las calles de nuestro país. Alegría por esta sentencia a La Manada, tristeza por todas las víctimas que han sido cuestionadas".

"Sigue pendiente la reforma legislativa para que no vuelvan a ocurrir calvarios como éste", recuerda la diputada.

A nivel estatal, los principales partidos también han mostrado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo.  

Mientras, PSOE y Podemos consideran que la lucha feminista ha influido en la decisión del Supremo, PP y Ciudadanos subrayan que este caso ha dejado en evidencia que se deben mejorar las leyes sobre la violencia contra las mujeres.  

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha destacado que "fue una violación" y que "el fallo del Supremo sobre La Manada así lo confirma".

"Solo sí es sí. España sigue avanzando en la protección de los derechos y libertades de las mujeres, y no se va a detener. Porque la creímos, porque os creemos. Porque os queremos vivas, libres, sin miedo", ha escrito Sánchez en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado ha elogiado la sentencia porque revaloriza el testimonio de la víctima y ha subrayado su trascendencia, ya que consolida la doctrina del alto tribunal y da seguridad jurídica.

La Fiscalía confía en que tenga un efecto inmediato de prevención y que contribuya a que las mujeres víctimas de estos ataques pierdan el miedo a enfrentarse a sus agresores ante un tribunal por el temor a que su testimonio no sea considerado suficiente.