Sociedad
Caso Iruña-Veleia
El exdirector del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia será juzgado
Agencias | Redacción
La Audiencia de Araba acusa a Eliseo Gil de falsificar grafitos históricos para obtener beneficios económicos y lograr un reconocimiento profesional.
-
Imagen de archivo del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia. EiTB
La Audiencia Provincial de Araba ha confirmado la existencia de indicios suficientes para juzgar al exdirector del yacimiento arqueológico alavés de Iruña-Veleia, Eliseo Gil, un socio y un trabajador suyos por presunta estafa y daños.
Así lo ha acordado en un auto hecho público hoy por la sección segunda de este tribunal que considera que, tal y como estableció el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, existen indicios suficientes como para continuar la causa e ir a juicio contra los tres imputados por delitos continuados de daños y estafa, aunque sobre este segundo delito la Audiencia Provincial de Araba reconoce en parte el recurso interpuesto por Gil.
En concreto el tribunal alavés analiza que los indicios de estafa que se recogen en la resolución que dictó el pasado mayo el juzgado de instrucción con el que se finalizó toda la fase de investigación giran en torno a dos acciones y que sólo se aprecia prueba de ese delito en uno de los casos.
El exdirector del yacimiento de Iruña-Veleia está acusado de haber falsificado grafitos considerados históricos.
Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, de la que era administrador Gil, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que en su día se calificaron como históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo y que supuestamente fueron hechos por los acusados.
El auto que cerró la instrucción estableció que "la falta de autenticidad de estos grafitos" está acreditada por dos informes periciales del Instituto de Patrimonio Cultural de España y de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
También añadió que los acusados actuaron con el "ánimo de obtener no solo un beneficio económico sino también un prestigio y reconocimiento profesional" y que acordaron elaborar en 2005 "informes falsos" para demostrar la autenticidad de los grafitos.
Además supuestamente lograron que la Diputación alavesa pagase más de 12.500 euros por dos de ellos haciendo creer que habían sido redactados por unos laboratorios franceses.
Este auto es firme y no cabe recurso contra él.
