Sociedad
El juicio, en su recta final
El abogado de la víctima de la violación de sanfermines: 'Se va a ganar'
AGENCIAS | REDACCIÓN
La primera de las sesiones públicas ha generado mucha expectación y se han formado colas para poder acceder al recinto, debido al aforo limitado.
Euskaraz irakurri: Sanferminetako bortxaketaren biktimaren abokatua: 'Irabazi egingo dugu'
Las sesiones para presentar las conclusiones de las partes en el juicio por la violación grupal de los sanfermines tendrán lugar este lunes y el martes en el Palacio de Justicia de Pamplona.
Este lunes serán las acusaciones las que presentarán sus informes, mientras que el martes serán las defensas las que hagan lo propio. Las sesiones serán en audiencia pública y, por tanto, estarán abiertas al público.
Precisamente, a su llegada al Palacio de Justicia, el abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, ha subrayado que "el asunto se va a ganar". "Yo tengo buenas sensaciones, la verdad", ha añadido. Bacaicoa no ha querido adelantar nada de sus conclusiones, y preguntado por estas dos sesiones públicas, ha comentado que esta circunstancia le parece "un poco irrelevante", aunque ha reconocido que hubiera preferido que fueran a puerta cerrada.
Aforo completo
El hecho de que las últimas sesiones del juicio sean públicas ha generado mucha expectación. Dado que el número de plazas era limitado, ha habido ciudadanos haciendo cola desde las 07:20 horas en el Palacio de Justicia para poder acceder a la sala. El aforo está completo.
Finalmente, un total de 46 periodistas y 24 ciudadanos asistirán a la primera sesión. Pese a ser abierta, está prohibido el acceso de cámaras y fotógrafos y el tribunal ha adoptado medidas extraordinarias para evitar grabaciones. De esta forma, a la sala de vistas no se puede acceder con ningún dispositivo electrónico que pueda grabar audio y/o vídeo (móviles, ordenadores, tabletas, relojes, grabadoras, bolígrafos digitales, gafas, etc.). Para tomar notas, la Policía Foral, encargada de la supervisión por orden del tribunal, ha recomendado a los periodistas el uso de lápices o bolígrafos sencillos. En la sala de vistas habrá policías forales que procederán al desalojo de la persona que incumpla las prohibiciones.
La primera en tomar la palabra para defender su informe será la fiscal Elena Sarasate, que podría hacer una exposición de unas dos horas. A continuación, será el turno de la acusación particular y posteriormente de las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y por la Comunidad Foral.
El martes será el turno de las defensas. Agustín Martínez Becerra, el abogado de tres de los cinco acusados, ha afirmado que "teme" que las acusaciones "reiteren" lo que plantearon en sus escritos originales, "obviando todo lo que ha pasado estos 10 días". En su opinión, la declaración de la víctima fue "suficientemente contundente para eliminar todo atisbo de que las relaciones fueron forzadas".
Nueve sesiones a puerta cerrada
El juicio comenzó el pasado 13 de noviembre en una jornada en la que los cinco acusados se declararon inocentes de los hechos de los que se les acusa, mientras que uno de ellos reconoció ser culpable del robo del móvil de la joven.
Entre esta fecha y el 23 de noviembre han ido compareciendo, en sesiones a puerta cerrada, diversos testigos y agentes policiales, y se han mostrado los informes periciales. Dos de las jornadas clave fueron la declaración de la víctima el 14 de noviembre y la de los cinco acusados el 22 de noviembre.
El Ministerio fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares mantienen sus peticiones de prisión para los acusados de la violación grupal de los sanfermines, una vez concluida la práctica de la prueba en el juicio.
Por su parte, la defensa de uno de los acusados ha reclamado la nulidad del juicio por "vulneración de derechos fundamentales". Las otras defensas piden la absolución de los acusados.
Está previsto que el Ministerio fiscal solicite hoy tras su informe de conclusiones un total de 22 años y diez meses de prisión, la acusación particular reclamará 24 años y nueves meses, y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad foral de Navarra pedirán 25 años y nueve meses de prisión.
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