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Sociedad

San Sebastián

Protocolo de 185 medidas para la garantía de derechos linguísticos

Agencias | Redacción

El Protocolo de Donostia propone 185 medidas de respeto a las lenguas para una correcta gestión de la diversidad lingüística.

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El Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos o Protocolo de Donostia propone 185 medidas para el respeto a las lenguas para una correcta gestión de la diversidad lingüística. El texto ha sido consensuado por decenas de agentes que luchan por la recuperación de las lenguas minorizadas en Europa.

Esta iniciativa, que ha sido presentada en un acto en el Kursaal de San Sebastián que ha contado con la presencia de numerosos representantes sociales, políticos e institucionales, se encuadra en el marco de la Capitalidad Cultural Europea y ha sido impulsada por el Consejo de los Organismos Sociales del Euskera Kontseilua y por la Fundación San Sebastián 2016.

El evento, que ha combinado actuaciones musicales y de baile con intervenciones, han tomado parte diferentes agentes que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos lingüísticos, como Aureli Argemí y Maria do Pilar García, los cuales estuvieron presentes hace 20 años en el proceso de elaboración en Barcelona de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, antecesora del Protocolo de Donostia.

Este protocolo es fruto del proceso de acuerdo desarrollado los años previos de cara a "construir una herramienta que permita revertir la situación de las lenguas minorizadas y construir una Europa basada en la igualdad entre las comunidades lingüísticas". El documento será trasladado a foros e instancias internacionales para que instituciones de diverso carácter lo utilicen como instrumento regulador de su compromiso con la diversidad lingüística.

9 artículos conforman el documento

El Protocolo de Donostia cuenta con 9 artículos en los que, entre otras cuestiones, se incide en que los derechos lingüísticos tienen carácter de derechos fundamentales y que su garantía "debe ser considerada prioritaria en aras de construir una sociedad más democrática".

Además, busca cumplir tres objetivos principales como son "reivindicar que la garantía de la diversidad lingüística y el aseguramiento del desarrollo de las lenguas son pilares fundamentales para la paz y la convivencia; crear una herramienta efectiva para la igualdad lingüística y el desarrollo de las lenguas en situación de desventaja; y presentar las comunidades lingüísticas como sujetos dentro de este proceso y reivindicar que la sociedad sea la garante de esta gestión justa".