El Gobierno Vasco no obstaculizará la ILP sobre el fracking

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha explicado que el Ejecutivo no va a "obstaculizar" el debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la regulación del fracking, al considerar "oportuno" trasladar esta cuestión al Parlamento Vasco, pero ha advertido de que la regulación de esta materia compete al Estado.

El Consejo de Gobierno vasco ha mostrado este martes su criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley formulada por la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la regulación del fracking, que pretende prohibir tanto la técnica de extracción conocida como fracking, como la extracción de recursos no convencionales.

Sin embargo, ha recordado a los grupos parlamentarios que el Tribunal Constitucional ha anulado las normativas autonómicas de Cantabria y La Rioja, que prohibían, de manera "absoluta e incondicionada", la técnica del fracking en sus territorios porque esta materia es legislación básica estatal.

Al ser preguntado por la postura que mantiene el Gobierno respecto a esta técnica de extracción, Erkoreka no ha aclarado si es partidario del fracking. "El Gobierno es partidario de proteger con la normativa vigente, el Medio Ambiente, una normativa que es rigurosa, exigente y estricta", ha insistido.

Esta es la segunda ocasión en la que la plataforma "Fracking Ez" intenta que el Parlamento Vasco acepte tramitar una ILP para que se prohíba en Euskadi la técnica de la fracturación hidráulica para extraer gas del subsuelo. Los impulsores de la plataforma consideran que, pese a que aún no se ha realizado ningún trabajo de perforación en Euskadi con esta técnica, los permisos para ello siguen vigentes.

La fracturación hidráulica consiste en la inyección de grandes cantidades de fluido químico a alta presión en el subsuelo para permitir el acceso a las superficie de hidrocarburos que están diseminados en vetas de rocas profundas.

La plataforma contraria al "fracking" asegura que estudios científicos de diferentes organismos oficiales, universidades y entidades independientes han demostrado que su uso genera la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y del aire, lo que provoca diversos problemas en la salud humana y animal.