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Cientos de manifestantes exigen la inmediata puesta en libertad de 'los 6 de Zaragoza'

Agencias | EITB Media

El próximo 16 de abril cumplirán un año en la cárcel de Zuera cuatro de los seis jóvenes detenidos por los disturbios ocurridos en 2017 en una manifestación contra de los discursos de odio de la extrema derecha. Denuncian que la detención fue aleatoria y el juicio se desarrolló sin garantías.

  • Manifestación de apoyo a 'los 6 de Zaragoza'. Foto: Europa Press.

    Manifestación de apoyo a 'los 6 de Zaragoza'. Foto: Europa Press.

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Cientos de manifestantes se han sumado este sábado a la protesta convocada en la capital aragonesa para reclamar la puesta en libertad de 'los 6 de Zaragoza', sobrenombre con el que se conoce a los jóvenes condenados a prisión por los disturbios ocurridos en enero de 2017 en los alrededores del campus San Francisco durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox.

A pocos días del primer aniversario del ingreso en prisión de varios de los condenados, cuya presencia en la protesta de 2019 nunca negaron aunque sí su participación en los hechos que derivaron en sus detenciones, la plataforma ha organizado una manifestación por el centro de Zaragoza que ha partido de Glorieta Sasera y tras recorrer el Paseo de la Independencia y la calle Alfonso lanzando consignas contra el Gobierno central y reclamando la liberación y el indulto de los encarcelados ha terminado en la Plaza del Pilar frente a la Delegación del Gobierno, donde se han producido varias intervenciones y se ha leído un manifiesto.

El portavoz de la plataforma, Pablo Rochela, ha acusado a la Policía de haber detenido "aleatoriamente" a los seis jóvenes horas después de los altercados; a la judicatura por haberlos condenado a penas máximas "sin pruebas" y al Gobierno, "que no muestra voluntad política a pesar de que tiene la capacidad y la obligación de liberarlos, y que sigue sin eliminar las leyes que hacen que nuevos casos se produzcan".

"El único hecho probado en el juicio es que los condenados participaron en una manifestación, por lo que hablamos de presos políticos", ha calificado.

La Plataforma ha reivindicado reiteradamente que el juicio se llevó a cabo sin garantías. Las defensas presentaron grabaciones de las cámaras de seguridad para demostrar que los jóvenes juzgados no estaban en el lugar de los disturbios, pero no fueron admitidas como prueba. Además, denuncian que en el juicio no se tuvieron en cuenta los testigos aportados por la defensa que demostraban su inocencia y que la única prueba inculpatoria que se utilizó para dictar sentencia fue el testimonio de los policías implicados, en cuyas declaraciones hubo contradicciones.

Rochela ha recordado que la plataforma sigue sin tener noticias del indulto solicitado al Ministerio de Justicia con el respaldo de más de 10 000 firmas de personas y organizaciones y ha responsabilizado al Gobierno de coalición, especialmente a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y a la ministra aragonesa Pilar Alegría "de cada uno de los días que estos jóvenes llevan en prisión".

Una responsabilidad que ha extendido "a todos los diputados y diputadas que sostienen el Gobierno, ya que tienen que lograr forzar la liberación si no quieren ser cómplices de esta injusticia", ha zanjado.

Los cuatro detenidos mayores de edad fueron condenados por la Audiencia Provincial de Zaragoza a seis años de prisión para cada uno, unas penas que el TSJA elevó luego a siete años y que finalmente el TS rebajó a 4 años y 9 meses. Mientras, los otros dos detenidos, menores de edad, fueron castigados con una multa y un año de libertad vigilada.

En la rueda de prensa del pasado jueves, otra portavoz de la plataforma, Olga Belenguer, informó del sufrimiento que las familias están padeciendo con este caso, tanto a nivel emocional como económico, por la "cantidad enorme de gastos en prisión, además de las multas, que una familia de clase trabajadora apenas puede mantener".

En este sentido, añadió un información sobre el delicado estado de salud mental de Imad, uno de los jóvenes en prisión. Belenguer comunicó que existe un informe pericial sobre su situación psiquiátrica y que los abogados de la plataforma han solicitado el tercer grado para que pueda ser sometido a un tratamiento específico fuera de la cárcel. Sin embargo, "Instituciones penitenciarias lo rechaza constantemente, lo que demuestra una alarmante falta de sensibilidad y de humanidad", ha reprochado.

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