Política
Despidos
EITB MEDIA
Tras la condena a España por el coste del despido improcedente por parte de Europa, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que esta reforma cumplirá con la Carta Social Europea.
Varios ingenieros trabajando, en una imagen de archivo de EITB MEDIA.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este lunes que España tiene la obligación de cumplir con la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha fallado contra España al considera que la normativa española en materia de indemnización por despido improcedente contraviene la Carta Social Europea, una resolución que responde a una denuncia de UGT.
En declaraciones a la prensa tras la reunión de la mesa de reducción de jornada, Pérez Rey ha subrayado que el Gobierno de España va a cumplir con esa resolución europea estableciendo, en el diálogo social, "una fórmula de despido que garantice que sea disuasorio para evitar despidos por capricho y que sea consecuente con los despidos sin causa"."No puede ser que despedir a alguien cuando no hay ningún motivo para hacerlo, cuando no hay ninguna justificación para hacerlo, a las empresas les salga gratis", ha remarcado el secretario de Estado.
Aunque el dictamen no es vinculante para el Ejecutivo español, Pérez Rey ha señalado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social entiende que esa resolución "constituye una obligación".
Asimismo, ha asegurado que, al tener un "claro indicio" de que este mismo tipo de resoluciones se habían dado en países como Francia e Italia, Sumar negoció en el acuerdo de coalición con el PSOE asumir la reforma del despido para dar cumplimiento a la Carta Social Europea, compromiso que, a su juicio, "se llena de sentido con esa resolución".
La queja que formuló UGT y en la que se demandaba al Gobierno de España ante el Comité Europeo acusaba al Ejecutivo de contravenir con su normativa en materia de indemnización por despido el mencionado artículo 24 b de la Carta Social Europea que determina "el derecho de los trabajadores cuya relación laboral se termina sin una razón válida a una compensación adecuada u otra reparación apropiada".
Para UGT la ley española "no permite a las víctimas de despidos sin causa justificada obtener una indemnización adecuada para cubrir el perjuicio sufrido" tal y como reza en su queja ante el organismo comunitario, que ahora le ha dado formalmente la razón.
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