Política
Presos
AGENCIAS | EITB MEDIA
El abogado Aiert Larrarte considera "absurdo" que se mantenga abierta esta causa ya que, según subraya, los recibimientos públicos a los reclusos son una "cuestión del pasado".
El abogado Aiert Larrarte, junto a miembros de Sortu Haimar Altuna y Oihana San Vicente. Foto: Sortu
Sortu defiende que "no hay delito" en la causa abierta con motivo de los homenajes a los antiguos miembros de ETA y sostiene que se trata de "otro caso de 'lawfare' que busca desgastar al actual Gobierno español".
El abogado Aiert Larrarte, junto a los procesados y miembros de la dirección de Sortu Haimar Altuna y Oihana San Vicente, han ofrecido este martes una rueda de prensa en San Sebastián en la que han considerado "absurdo" que se mantenga abierta esta causa ya que, según subrayan, los ongi etorri son una "cuestión del pasado".
En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a seis personas, en su mayoría antiguos miembros de ETA, como autoras de un delito continuado de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo por la organización de 120 actos de homenaje a expresos de ETA entre 2016 y 2020.
Las peticiones de pena contra estos seis imputados de Sortu son de hasta nueve años de prisión, reclamados por la Asociación Víctimas de Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación particular junto con Dignidad y Justicia y el Partido Popular, ha explicado el abogado.
El representante legal de los imputados ha defendido que "aquí no existe ningún delito". "Las cosas nos gustarán más o menos, pero no hay delito", tampoco de humillación a las víctimas, ha recalcado.
Haimar Altuna y Oihana San Vicente, por su parte, han asegurado que los recibimientos públicos a los reclusos son "cosa del pasado" y "un escenario ya superado".
"Desde el punto de vista de la convivencia, hace años que no se realizan actos públicos de recibimiento a los presos porque la izquierda abertzale ha escuchado la voz de las víctimas que mantienen una actitud constructiva y porque, haciendo caso a eso, así lo decidieron los propios presos", han recalcado.
En su opinión, esta causa supone un "caso más de lawfare" que busca, por una parte, "obstaculizar el camino hacia la paz y la convivencia en Euskal Herria" y, por otra, "derribar al actual Gobierno español".
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