El Gobierno español aprueba hoy la prórroga parcial del 'escudo social'

El Consejo de Ministros aprobará este miércoles la prórroga parcial del 'escudo social' para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania, y mantendrá las medidas referentes al ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico o la suspensión de los desahucios, según han trasladado fuentes de Sumar.

El nuevo paquete que se aprobará este miércoles en el último Consejo de Ministros del año será el octavo impulsado por el Ejecutivo para seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrania y el incremento de precios, una movilización de recursos que, hasta ahora, asciende a unos 47 000 millones de euros.

Este nuevo decreto anticrisis prorrogará, en el ámbito laboral y de acuerdo con Sumar, las medidas vinculadas con el disfrute de las ayudas públicas, que expiraban el 31 de diciembre. De esta manera, las empresas que hayan recibido ayudas directas o por ERTE y que despidan alegando causas como el aumento de los costes energéticos estarán obligadas a reintegrar las ayudas recibidas.

De igual manera, se prorrogará la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, seguirá estando prohibido el corte de suministros esenciales y el aumento de los descuentos del bono social eléctrico también se extenderá.

Concretamente, el bono social se extendió a aquellos consumidores titulares cuya renta conjunta anual de la unidad de convivencia fuera igual o inferior a 2 veces el IPREM de 14 pagas (16 800 euros) y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12 600 euros). Actualmente el descuento varía entre el 65 % y el 80 %, dependiendo de la situación de vulnerabilidad de las familias.

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Foto de archivo: EFE

También en este próximo paquete de medidas se mantendrá la supresión durante seis meses más, hasta junio, del IVA del 4 % que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan, la harina, la leche, los quesos o los huevos, y la rebaja del 10 % al 5 % del aceite y la pasta, según adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dentro de los alimentos básicos que ven eliminado el IVA del 4% destacan el pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común; las harinas panificables; los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos; los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario.

Las incógnitas

Por otro lado, una de las grandes incógnitas es la decisión que tomará el Ejecutivo español sobre la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público --gratuidad en autobuses y trenes para usuarios habituales--. Así, el Gobierno tendrá que decidir si seguirá bonificando con un 30 % el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50 %.

Lo único que ha avanzado Sánchez sobre esta materia es que el transporte público será gratis para menores de edad, jóvenes y desempleados, una medida que se incluirá en este próximo paquete.

Asimismo, aún no está claro si las rebajas del tipo de IVA al 5 % a la electricidad y el gas, madera y pellets se extenderán más allá del 31 de diciembre.

Una de las medidas que mayor efecto ha tenido en los últimos meses para hacer frente al incremento de precios, principalmente energéticos, es el mecanismo 'ibérico', que ha permitido a España y Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural.

Sin embargo, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha adelantado ya que decaerá el próximo 31 de diciembre, tras señalar que la Comisión Europea considera que no "es posible llevarlo a la práctica".