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Querella
agencias | eitb media
El Foro de curas de Bizkaia ha pedido al actual obispo de Bilbao Joseba Segura, y su predecesor en el cargo Mario Iceta, que le pidan perdón públicamente por haberle apartado su ejercicio.
Audiencia Nacional. Foto: Efe
La Audiencia Nacional ha considerado que las declaraciones que hizo en 2020 el entonces el párroco de Lemoa (Bizkaia) en un documental sobre ETA, no trataban de enaltecer el terrorismo y ha resuelto sobreseer la querella que interpuso contra él la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).
Según ha informado el Foro de curas de Bizkaia, un auto de la AN fechado el 8 de noviembre ha resuelto terminar el proceso contra ese sacerdote y por ello han pedido al actual obispo de Bilbao Joseba Segura, y su predecesor en el cargo Mario Iceta, que le pidan perdón públicamente por haberle apartado su ejercicio.
En octubre de 2020, Dignidad y Justicia presentó una querella contra Mikel Azpeitia, párroco de ese municipio vizcaíno, al estimar que sus declaraciones en el documental "Bajo el silencio" justificaban el terrorismo de ETA y humillaban a sus víctimas.
Esa agrupación instó a la Conferencia Episcopal a que suspendiera de manera inmediata al sacerdote de todas sus funciones relacionadas con la iglesia católica.
El sacerdote pidió perdón a las víctimas por sus "desafortunadas" palabras, si bien el Consejo Episcopal de la Diócesis de Bilbao rechazó sus declaraciones y consideró que debía asumir las consecuencias legales que de ellas se derivaran, según señalaron Mario Iceta, como obispo de Bilbao y Joseba Segura, como obispo auxiliar, entre otros miembros de ese Consejo, que le retiraron de "los oficios eclesiásticos".
En ese documental, "que pretende revivir la situación creada en el País Vasco a consecuencia de la existencia de la organización terrorista ETA", "no se logra adivinar, ni tan siquiera indiciariamente, la existencia de frases, expresiones o palabras que pretendan enaltecer o justificar el terrorismo o a los terroristas", ha añadido la AN.
El Foro de curas de Bizkaia advirtió a los obispos de que la retirada de sus actividades como sacerdote "obedecía más al dictado de la presión mediática, que a una información ajustada de los hechos" y les reprocharon su falta de "prudencia", así como su "desinformación, precipitación y la desmesura" en la decisión adoptada.
Ese grupo de curas ha explicado este domingo que la resolución judicial ha determinado que las declaraciones del párroco "no implican, ni directa ni indirectamente, un mensaje inequívoco a la violencia ni una aprobación de su uso".
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