A Barrionuevo y Galindo no se les pide arrepentirse, según el Gobierno

El Gobierno ha contestado a Amaiur que a los condenados por crímenes del GAL (el secuestro de Marey o el asesinato de Lasa y Zabala) no se les podría aplicar la exigencia de pedir perdón e indemnizar a las víctimas que ahora se tiene en cuenta al aplicar beneficios penitenciarios a miembros de ETA, pues aquellos no fueron condenados por pertenencia a banda armada y porque, a diferencia de los miembros de ETA, nunca se mostraron orgullosos de formar parte de una organización terrorista.

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra había pedido cuentas al Gobierno por los periodos efectivos de cumplimiento de las penas impuestas a los responsables del secuestro de Segundo Marey y del asesinato de los presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, hechos sucedidos en 1983 y cometidos por los GAL, y si llegaron a indemnizar a las víctimas y reconocieron el daño causado.

En su respuesta, el Gobierno señala que en las sentencias de los casos Marey (1998) y 'Lasa y Zabala' (2001) se impusieron condenas de entre cinco y 30 años de privación de libertad, sin que hubiera referencias al delito de pertenencia a organización terrorista.

Según explica, en el momento de producirse las clasificaciones a tercer grado o las excarcelaciones en libertad condicional, no estaban en vigor los artículos de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Código Penal que contemplan, además de otras, las dos condiciones citadas por Amaiur. Ambas exigencias, recuerda el Gobierno, se incorporaron a las leyes mencionadas en la reforma de junio de 2003 para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.

Pero, además, subraya que en los testimonios de esas sentencias "no aparecen referencias a que las personas citadas formaran parte o integraran una o más organizaciones terroristas, razón por la que, aun en el supuesto de haber estado vigente la legislación mencionada, no habría sido de aplicación".

En todo caso, el Ejecutivo recalca que, a diferencia de lo que ocurre con los presos de ETA, los condenados por esos crímenes (entre ellos el exministro José Barrionuevo, el exsecretario de Estado Rafael Vera o el exgeneral Enrique Rodríguez Galindo) nunca presumieron de formar parte de una banda terrorista.