Política
Comisión de Trabajo
Agencias | EITB Media
EH Bildu ha pedido que las compensaciones que se den sean "justas y razonables". Al votarse en Comisión con competencia legislativa plena, la norma no tiene que ir al Pleno sino que pasa directamente al Senado para su luz verde definitiva.
Imagen de archivo: EITB Media
La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles por unanimidad la proposición de ley para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, que pasa directamente al Senado para su aprobación definitiva.
EH Bildu ha recordado que esta norma viene de una iniciativa legal del Parlamento Vasco y ha pedido que las compensaciones que se den sean "justas y razonables".
«Es una buena noticia que el fondo de compensación tome forma y cuerpo por fín, respetando el espíritu del texto aprobado en el Parlamento Vasco».
— EH Bildu Congreso - Senado (@EHBilduCongreso) July 13, 2022
¿¿ @OskarMatute aplaude la creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto, aprobado hoy en el Congreso. pic.twitter.com/L10XmP8DbW
El articulado de la norma ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos que han coincidido en destacar la necesidad de remediar una "injusticia" y han tenido palabras de apoyo a todas las víctimas de la exposición al amianto.
El texto fija que corresponde al fondo la reparación de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por toda persona "en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como a aquellos (...) que dependieran económicamente del causante".
El fondo será gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y contará con consignaciones o transferencias que se determinen en los Presupuestos Generales del Estado, así como con otras aportaciones como, por ejemplo, de sanciones a empresas.
La diputada socialista Mercé Pérea ha señalado que en el arranque del fondo se contará con una asignación de los Presupuestos Generales de este año de 25 millones de euros.
Al votarse en Comisión con competencia legislativa plena, la norma no tiene que ir al Pleno sino que pasa directamente al Senado para su luz verde definitiva.
Una vez publicado en el BOE, el texto da un plazo máximo de tres meses para el desarrollo del reglamento necesario para poner en marcha e iniciar las actividades del fondo.
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