Matas, el cuarto presidente autonómico condenado por los tribunales

Jaume Matas Palou se ha convertido este martes en el cuarto presidente autonómico al que la Justicia condena por corrupción, después de Gabriel Urralburu, ex presidente de Navarra; José Marco, ex presidente de Aragón; y Juan Hormaechea, ex presidente de Cantabria.

La Audiencia ha condenado al expresidente balear y exministro del PP a seis años de cárcel y a nueve y medio de inhabilitación en el marco de la primera pieza del 'caso Palma Arena'.

En total son ocho los presidentes que se han sentado en el banquillo de los acusados. Además de Matas, otros tres han sido condenados.

El primer condenado fue Gabriel Urralburu, presidente de Navarra entre 1984 y 1991, sentenciado en septiembre de 1998, por la Audiencia de Navarra, a once años de prisión, nueve de
inhabilitación para cargo público y multa de 780 millones de pesetas (4.700.000 euros) por sendos delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda Foral. El 28 de marzo de 2001, el Tribunal Supremo estimó parcialmente los motivos de casación interpuestos por Urralburu y le redujo la condena de once a cuatro años de prisión, por un delito continuado de cohecho.

José Marco (PSOE), presidente de Aragón entre 1993 y 1995, fue condenado en junio de 1995, por la Audiencia Provincial de Zaragoza a 13 meses de cárcel y 6 años de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público en el denominado "caso del Sillón". En 1999 fue también condenado, en el caso de espionaje a políticos, por la Audiencia de Zaragoza, a 9 meses de prisión y dos años de inhabilitación absoluta por malversación, y a seis meses y un día de prisión por falsedad en documentos públicos, penas por las que, según el nuevo Código Penal, no tuvo que ingresar en la cárcel. Eludió la prisión tras un acuerdo con las acusaciones y devolver 14,5 millones de pesetas.

Juan Hormaechea, presidente de Cantabria entre 1987 y 1995, fue condenado en 1994 a 6 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo confirmó en 2004 la condena de 3 años de cárcel y 13 de inhabilitación.

Otros tres presidentes autonómicos fueron absueltos después de ser juzgados: Demetrio Madríd (PSOE), que presidió la Junta de Castilla y León entre (1983-1986); Gabriel Cañellas (PP), presidente balear entre 1983 y 1995; y Francisco Camps (PP), que ocupó la presidencia de la Generalitat valenciana entre 2003 y 2011.

Javier Otano (PSOE), presidente navarro durante once meses (1995-1996), fue también juzgado, pero la Audiencia de Pamplona determinó en 2004 que el supuesto delito de encubrimiento de un
cohecho del que se le acusaba había prescrito.