Política
Día de la Constitución
agencias | eitb media
Critican que, "en nombre" de la Carta Magna, se impida "dar cauce al desarrollo de la voluntad democrática" de sus pueblos y se "criminalice y reprima cualquier ejercicio democrático" que persiga este objetivo.
Firmantes del acuerdo de Llotja de Mar en 2019. Foto: Efe
Los partidos catalanes, vascos, gallegos y baleares firmantes de la denominada Declaración de la Llotja de Mar han denunciado este domingo que la Constitución española "se ha convertido en instrumento para violentar derechos democráticos básicos".
Estas formaciones (BNG, CUP, EH Bildu, Esquerra Republicana, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Junts) rubricaron junto a otros partidos, el 25 de octubre de 2019 en Barcelona, un documento para reivindicar un acuerdo político sobre la crisis catalana, la defensa del derecho a la autodeterminación y la liberación de los "presos políticos".
Ahora, con motivo de la celebración este lunes del Día de la Constitución española, han hecho público otro escrito en el que critican que, "en nombre" de la Carta Magna, se impida "dar cauce al desarrollo de la voluntad democrática" de sus pueblos y se "criminalice y reprima cualquier ejercicio democrático" que persiga este objetivo.
"Es decir -añade el texto-, esta Constitución se sitúa como impedimento estructural de un futuro en democracia para nuestras naciones, siendo indispensable su reforma radical tanto en modelo de Estado como en derechos sociales".
"Seguiremos demandando y luchando -prosigue el documento- por exigir al Estado un modelo que, desde el reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho de autodeterminación, permita a la ciudadanía de nuestros respectivos pueblos decidir democráticamente su modelo político y relación con el Estado".
"Somos naciones y queremos decidir democráticamente nuestro futuro", recalca el escrito, que sostiene también que el "modelo autonómico de descentralización" surgido "en el marco" de la Constitución "no sólo está agotado, sin cumplir en muchos aspectos, sino que ha sufrido además numerosas laminaciones unilaterales por la acción legislativa del Congreso Diputados", así como por "la permanente intervención invasora de un Tribunal Constitucional convertido en instrumento de recentralización del Estado".
"Además de todo ello, estamos ante una Constitución con un evidente déficit de legitimidad. La mayoría de la población actual de nuestras naciones y del Estado español no ha tenido la oportunidad de opinar sobre cuestiones capitales de sus contenidos, como son: la Monarquía, el modelo territorial y los derechos sociales", subraya la declaración.
"Por lo tanto -agrega-, estamos ante una Constitución agotada, deslegitimada y convertida en factor condicionante y determinante de nuestras aspiraciones democráticas".
"Pensamos que ya es hora de afrontar cambios estructurales. Es más, a pesar de discursos y posiciones inmovilistas, el propio Estado español es consciente del fin del ciclo constitucional y de la necesidad de reformas", subraya el documento.
"El debate sobre la cuestión territorial va a estar presente y debemos estar preparados para defender conjuntamente nuestra posición", advierte el comunicado, antes de recordar que "a lo largo de estos más de 40 años, el mundo ha conocido cambios profundos" y resulta previsible que "en la próxima década asistamos a transformaciones disruptivas".
"Estas transformaciones van a mostrar aún más la necesidad de instrumentos y capacidad de decisión para hacer frente a los retos que como naciones y como ciudadanía se nos presentan", concluye el escrito.
Sánchez afirma que la Constitución es su "hoja de ruta"
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado que la de hoy "no es una efeméride más", sino que la Constitución es "la educación pública, la pensión digna de los mayores y el Estado del Bienestar" y, por ello, ha subrayado, es "la hoja de ruta del Gobierno".
Para el presidente del Ejecutivo, "si la democracia representa algo es a la Constitución Española". Así, ha añadido que la Constitución "es democracia, es el Estado del Bienestar y por eso es la hoja de ruta del Gobierno progresista de España".
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