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Política

Parlamento Vasco

Artolazabal destaca que la futura Ley de Memoria Histórica reparará "la injusticia"

Agencias | EITB MEDIA

La consejera ha presentado el anteproyecto de ley que busca "restaurar la memoria y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura" y contempla sanciones para, entre otras, la exaltación del franquismo.

  • Artolazabal, en la comisión del Parlamento Vasco.

    Artolazabal, en la comisión del Parlamento Vasco. Foto: Irekia

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La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha presentado este miércoles en el Parlamento Vasco el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que inicia su tramitación parlamentaria, una ley que según ha destacado, "no es de bandos, ni para resucitar ningún viejo fantasma" sino "para restituir la dignidad a quien no se le ha restituido, para restaurar vulneraciones de derechos y para reparar la injusticia".

La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia ha acogido la comparecencia a petición propia de la consejera para informar sobre el contenido del citado proyecto, que busca regular las políticas públicas para la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.

La consejera ha destacado que esta ley supone un "reto ilusionante" y de "oportunidad histórica" para "promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas, así como para fomentar los principios y valores éticos y democráticos".

"Se trata de un marco normativo al servicio de un fin humanista y humanizador: restaurar la memoria y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura", ha destacado antes de recordar que la futura ley propone la designación de un día anual de recuerdo y homenaje para las víctimas.

Además, ha informado que "de modo simbólico y afectivo", la ley contemplará el derecho de las víctimas a obtener un documento de reconocimiento personalizado de carácter institucional, emitido por el Gobierno Vasco y "destinado a la rehabilitación de su honor y de su justa satisfacción moral".

El plan contiene un apartado de régimen sancionador en el que se establecen infracciones muy graves, graves y leves. Así, la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil se sancionará con multas de hasta 150 000 euros. Entre las infracciones graves, con sanciones de hasta 10 000 euros, destacan  las manifestaciones que atenten contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y los actos de conmemoración o exaltación del golpe militar de 1936 y la dictadura.

Artolazabal ha recordado que el anteproyecto prevé la creación del Directorio de Entidades de Memoria Histórica y de una Comisión Asesora en esta materia, como órgano consultivo y de participación de las entidades memorialistas.

Asimismo, ha avanzado que en los presupuestos 2022 el Gobierno ha planteado diferentes iniciativas como nuevos espacios expositivos de Gogora, la renovación del museo de Gernika y el nuevo memorial de víctimas del 3 de marzo.

Declaraciones de la oposición

El parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, cree que el texto tiene "falta de ambición", es "meramente conmemorativo" y ha criticado que el Gobierno Vasco pida ahora su apoyo cuando rechazó hace tres años la ley propuesta por la coalición. "Las víctimas son un decorado. No se ve que el objetivo sea ponerlas en el centro", ha reprochado antes de criticar que hay unas víctimas —desde 1936 hasta 1960— que son "arrinconadas".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández, ha "saludado" esta ley que considera "necesaria" pero ha preguntado por su "adecuación" al proyecto de Ley de Memoria Histórica estatal que se está tramitando en el Congreso.

El parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, cree que esta ley "no era necesaria" porque hay otras leyes estatales y cree que tiene "olvidos importantes" que tratarán de completar en su tramitación. "ETA fue un protagonista macabro, asesino, terrorista en buena parte del periodo de la ley", ha indicado.

A este respecto, Artolazabal ha aclarado que la norma no incluye a las víctimas de ETA porque el ámbito cronológico de la ley va a 1936 a 1978, pero sin incluir "todo lo que pasó en esa época" sino que tiene como "objetivo específico" las vulneraciones de derechos "en el marco de la defensa de la legalidad democrática frente al golpe militar y dictadura franquista y no otro".

Por último, la representante de Vox, Amaia Martínez, ha rechazado la norma por "desprender revanchismo, rencor y criminalizar a los españoles".

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