Política
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AGENCIAS | EITB MEDIA
El expresident de la Generalitat ha sido detenido en el aeropuerto de Alguer por una orden del Tribunal Supremo español, que según el abogado Gonzalo Boye "se encuentra suspendida". El eurodiputado de JxCat se había traslado de Bruselas a Cerdeña para participar en un acto.
Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. Foto de archivo: EFE
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido detenido en Cerdeña por las autoridades italianas como consecuencia de una orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo.
Según han explicado fuentes de Junts per Catalunya (JxCat), Puigdemont ha sido arrestado en el aeropuerto de Alguer y este viernes será puesto a disposición judicial para decidir si lo extraditan o no. Puigdemont está siendo asistido por su abogado, Gonzalo Boye, y un equipo de letrados italianos.
El eurodiputado de JxCAT se ha desplazado esta tarde a la ciudad de Alguer procedente de Bruselas para asistir al Encuentro Internacional del Adifolk y para reunirse con el presidente de la región autónoma.
A través de la redes sociales, Gonzalo Boye ha explicado que la detención de Puigdemont responde a "la euro-orden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal y según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida".
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha expresado su "más enérgica condena" por la detención de Puidgemont.
"Ante la represión judicial, la más enérgica condena. Se debe parar. La amnistía es el único camino. La autodeterminación, la única solución. A tu lado, president", ha escrito Aragonès en las redes sociales.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, también ha denunciado el arresto de Puigdemont y ha reivindicado la amnistía, la autodeterminación y la independencia de Cataluña.
"Sólo hay una fórmula para parar la represión incesante del Estado: amnistía, autodeterminación e independencia. Todo el apoyo, presidente", ha destacado.
Mientras tanto, los dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos, han pedido que el expresidente de la Generalitat sea extraditado a España y que no sea indultado como los dirigentes políticos catalanes que fueron condenados por el proceso independentista en Cataluña.
En ese sentido, el Gobierno español considera que la detención obedece a un procedimiento judicial en curso, y como cualquier otro ciudadano europeo debe someterse a la acción de la Justicia.
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