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Pedro Sánchez ha asegurado que con los indultos no se les está pidiendo que cambien o renuncien a sus ideas, pero sí que las defiendan en el marco de la legalidad.
El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado este martes los indultos para los nueve políticos independentistas condenados por sedición y malversación en el 'procés', tras casi cuatro horas y media de deliberación, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.
En concreto, los expedientes de indulto que ha elaborado el Ministerio de Justicia contemplan la extinción de las penas de prisión que les resta por cumplir a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva y Quim Forn, y fija un periodo de entre tres y seis años que condiciona el perdón a que no vuelvan a reincidir en el delito.
Además, el Gobierno de España ha optado por un indulto parcial a los presos del 1-O que solo les exime de la pena de cárcel, por lo que todos seguirán inhabilitados durante el mismo tiempo por el que fueron condenados a prisión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que con los indultos aprobados para los dirigentes independentistas, no se les está pidiendo que cambien o renuncien a sus ideas, pero sí que las defiendan en el marco de la legalidad.
Sánchez ha lanzado ese mensaje en su declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado los indultos para los líderes catalanes presos que fueron condenados por su papel en el referéndum celebrado en 2017.
El jefe del Ejecutivo español ha insistido en la "utilidad pública" de los indultos y se ha mostrado convencido de que, con ellos, "hay camino" para la convivencia.
La medida de gracia ha recalcado que no exige que los beneficiados por ella cambien sus ideas.
"No esperamos tal cosa. De hecho, las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática", ha añadido.
En esa línea, ha manifestado que una democracia fuerte como la española no pide a nadie que renuncie a sus ideas, pero exige que todas las ideas se defiendan en el marco de la legalidad.
Sánchez anunció este lunes en Barcelona que los indultos serían aprobados en esta jornada y los justificó como necesarios para la convivencia. Una decisión "de utilidad publica" que confió en que cambiará la historia y que sumará a millones de personas para la reconciliación.
Extinguen las penas de cárcel
Los expedientes de indulto que ha elevado el Ministerio de Justicia al Consejo de Ministros contemplan la extinción de las penas de prisión que les resta por cumplir a los nueve condenados por sedición y malversación en el 'procés' independentista en Cataluña y fija un periodo de seguridad de entre 3 y seis años que condiciona el perdón a que no vuelvan a reincidir en el delito.
La propuesta, según ha adelantado la Cadena Ser y confirmado Europa Press, estima de este modo nueve de las doce peticiones de indulto mientras que se rechazan las de los tres condenados por desobediencia, Meritxell Borrás, Santi Vila y Carles Mundó, quienes ya pagaron las multas que se les impusieron y extinguieron su responsabilidad penal, al finalizar las penas de inhabilitación que les fueron impuestas.
Según la citada información, los nueve expedientes aprobados recogen los antecedentes de los presos y su comportamiento durante la condena, los aspectos jurídicos y la motivación de la medida.
En cuanto a las motivaciones, se incide en uno de los tres aspectos contemplados en la Ley de Indulto, el de la utilidad pública, rechazando razones de justicia y equidad.
En este sentido, según las mismas fuentes, se valora escenario en Cataluña si no se concediera el perdón y se concluye que la medida de gracia supone beneficios porque ayuda a apuntalar la convivencia y la concordia, evitando además que los presos del 'procés' se presenten ante la sociedad como mártires.
Entre cinco y nueve años de condena pendiente
Los presos del 1-O condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y malversación han recibido este martes el indulto del Gobierno, tras tres años y medio encarcelados y teniendo aún pendientes entre cinco y nueve años por cumplir en prisión hasta liquidar la condena.
El Tribunal Supremo (TS) dictó la sentencia en octubre de 2019 y les impuso penas de entre nueve y trece años de cárcel, pero los impulsores del 1-O condenados ya llevaban entre uno y dos años en prisión provisional: algunos quedaron en libertad durante unos meses y otros han estado encarcelados desde otoño de 2017, saliendo sólo con permisos penitenciarios o breves etapas de semilibertad.
Como sucede con todos los presos, el tiempo que pasaron en prisión antes de que el tribunal dictara sentencia ya se les computó como parte de la pena.
Al presidente de ERC, Oriol Junqueras, le impusieron la condena más alta en la sentencia, con 13 años de prisión por sedición y malversación, por lo que todavía le quedaban nueve años y cuatro meses de condena por cumplir, que hubiera acabado en 2030.
Los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados a 12 años de cárcel, así que todavía les quedaban pendientes ocho más, teniendo en cuenta que ya pasaron un año y siete meses en prisión preventiva antes de la sentencia del Supremo.
Por su parte, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio por sedición, también tenía pendientes cerca de ocho años de pena, que hubiera cumplido en 2029.
A los exconsellers Quim Forn y Josep Rull, condenados a 10 años y medio, les faltaban cerca de siete años para cumplir toda la condena, mientras que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, con las penas más bajas de la sentencia --nueve años cada uno-- reciben el indulto estando cerca de cumplir la mitad de la pena, con algo más de cinco años por cumplir.
Inhabilitación
Los indultos que el Gobierno ha aprobado este martes extinguen la pena de prisión que les quedaba por cumplir a cada uno, pero les mantiene inhabilitados.
En casos de indulto parcial, la ley que regula los indultos estipula que la retirada de la pena no incluye la inhabilitación para cargos públicos, excepto si el Gobierno lo añade explícitamente al concederlo, y el indulto total se reserva para "razones de justicia, equidad o utilidad pública".
Sin embargo, el Gobierno no ha optado por esta opción y los indultos a los presos del 1-O solo les eximen de la pena de cárcel, por lo que todos seguirán inhabilitados durante el mismo tiempo por el que fueron condenados a prisión.
No reincidir
Los indultos también fijan un periodo de seguridad, de entre tres y seis años, en el que no pueden reincidir en el delito.
En paralelo, Cuixart, Rull y Turull ya han recurrido su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) alegando vulneración de derechos fundamentes, y previsiblemente el resto de presos del 1-O harán lo mismo cuando el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre sus recursos: hasta ahora, ha tumbado todos los que ha resuelto, con los votos discrepantes de dos magistrados.
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