El Gobierno Vasco remitirá un informe jurídico de la ley antipandemia a los partidos

El Gobierno Vasco remitirá a los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco un informe elaborado por sus servicios jurídicos para impulsar una ley antipandemia. Esta ley busca dar seguridad jurídica a las medidas que adopten de urgencia las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca ante situaciones como la vivida con la covid-19.

En todo caso, esta nueva norma "no desbordará" el marco legal vigente y operará, en todo momento, dentro de "la insoslayable supervisión judicial", que no se pretende "esquivar", según ha asegurado este martes la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi.

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz tras el Consejo de Gobierno semanal y ha explicado los aspectos principales del informe jurídico elaborado por el Servicio Jurídico Central sobre la viabilidad de una ley anticovid.

Garamendi ha explicado que se pretende reforzar la seguridad jurídica de las actuaciones anticovid de las instituciones vascas; ordenar y clarificar los ámbitos de actuación posibles; y propiciar una mayor comprensión social y claridad sobre las medidas adoptadas.

En todo caso, ha aclarado que este nuevo régimen jurídico operará en todo momento dentro de "la insoslayable supervisión judicial" de control de la actuación administrativa. Se trata de una Ley que se impulsará para que "atienda a las necesidades internas" de la Comunidad Autónoma Vasca, que "no desbordaría el marco legal vigente" estatal ni vasco que regula la salud pública.

Garamendi ha señalado que el estado de alarma "no impide" una nueva regulación autonómica vasca, en todo caso sería "complementaria".

La consejera ha subrayado que "se trata de exprimir al máximo" el ámbito competencial vasco, "sin injerencia alguna en el espacio de los derechos fundamentales y sin poner en duda el alcance" de las herramientas legales de las que dispone hasta ahora.

Asimismo, considera que podría aportar soluciones legislativas para hacer frente a las graves consecuencias económicas derivadas de la pandemia mediante compensación o indemnización de perjudicados, creación de fondos o líneas de ayuda específicas o asignación de incentivos públicos para la regeneración de empresas y negocios.