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Sin embargo, sí se celebrará en los días previstos (este miércoles y jueves) el juicio contra el exdirigente de ETA en el Tribunal Correccional.
Josu Urrutikoetxea. Imagen de archivo obtenida de un vídeo de EiTB
El Tribunal de Apelación de París ha aplazado la repetición de uno de los juicios contra Josu Urrutikoetxea. Las vistas tenían que tener lugar este lunes y martes, pero la pandemia de la COVID-19 ha obligado a retrasarlas ante la imposibilidad de que los testigos comparezcan. Se trata de uno de los dos juicios en los que el dirigente de la extinta ETA deberá sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados. En ambos recibió dos condenas en rebeldía en 2010 y en 2017, cuando estaba en busca y captura.
El que sí tendrá lugar será el proceso previsto para este miércoles y jueves en el Tribunal Correccional.
En la víspera de los juicios, Urrutikoetxea, de 69 años, concedió una entrevista en la revista francesa Marianne, en la que defendía su posición negociadora dentro de la organización y cómo su objetivo durante 17 años de clandestinidad fue "resolver el último y más antiguo conflicto armado en Europa Occidental".
Urrutikoetxea se encuentra bajo arresto domiciliario desde julio de 2020. Según afirmaba en la entrevista, su objetivo desde que entró en la clandestinidad fue, "todo el tiempo", "no dejar que este conflicto se pudriera en las manos de las generaciones futuras".
Repetición de juicios pasados
En 2010, Urrutikoetxea fue condenado en ausencia a siete años de cárcel por el Estado francés por su actividad en ETA entre 2002 y 2005, teniendo en cuenta "su posición conocida en la jerarquía", en particular como dirigente político, y los contactos que mantuvo en ese tiempo con otros líderes de la organización armada.
En 2017 volvió a ser condenado, en ausencia, por su papel en ETA entre 2011 y 2013, periodo en el que, según la propia jurisdicción, suceden "conversaciones secretas con emisarios del Gobierno español".
Por ello, Urrutikoetxea asegura que, "desafiando todas las reglas diplomáticas elementales, el Estado francés ha optado por procesarme. Favorece el único enfoque penal, y se niega a reconocer los esfuerzos realizados para salir del enfrentamiento violento". Para el exdirigente, estos procesamientos "ponen en tela de juicio la seguridad diplomática" de las personas que participan en las negociaciones.
Urrutikoetxea se ha acogido a su derecho de pedir que se repitan los dos procesos, al haber pasado casi dos años hasta su captura. Será defendido por el abogado Laurent Pasquet-Marinacce.
Además, junto a las dos causas francesas, que pueden ser objeto de recursos hasta el Tribunal Supremo, se están tramitando tres demandas españolas contra Josu Ternera.
El Tribunal de Apelación de París ya ha dado el visto bueno para dos de ellas —recurridas por la defensa ante el Supremo— por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza de 1987, en el que murieron 11 personas (entre ellas, cinco niños) y por la financiación de ETA.
La tercera, para la que se espera un dictamen el 18 de noviembre, es por el asesinato en junio de 1980 en Vitoria-Gasteiz del directivo de la factoría de Michelin Luis Hergueta.
'Justicia transicional'
El exdirigente también ha comentado las negociaciones que desembocaron en la tregua de 2006. Cuenta que, estando fugado de la justicia, partió en jet privado hacia Oslo escoltado por la Policía suiza. Afirma que fueron necesarios "decenas o incluso cientos de encuentros con personas de mi propio lado" para convencerlos. "No lo voy a negar: no fue fácil", sentencia.
Sobre la disolución definitiva de ETA en 2018, opina: "Fue un proceso largo. Y muy a menudo, consistía en convencer a la gente de mi propio lado. Incluso diría que el proceso de maduración fue demasiado largo…".
"Cuando llegó el momento de pasar a la clandestinidad, mi objetivo era no dejar que este conflicto se pudriera en manos de las generaciones futuras. Eso es lo que estaba en mi cabeza todo el tiempo", segura Urrutikoetxea en Marianne.
Ternera pide "justicia transicional, que por definición significa introducir flexibilidad en la aplicación del Estado de derecho", y memoria "para que el conflicto no se perpetúe".
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