Política
Alegaciones al recurso
Redacción
El abogado del Estado ya ha acudido al Constitucional a presentar las alegaciones, y la Fiscalía lo hará mañana, pero según ha trascendido a varios medios, pedirá que el partido sea ilegalizado.
Este es uno de los argumentos de las alegaciones que esta mañana ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) el abogado general del Estado, en nombre del Gobierno, que pide que se rechace el recurso de amparo de Sortu contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de prohibir su inscripción en el registro de partidos políticos. Mañana presentará las suyas la Fiscalía General del Estado, según han informado fuentes de esta institución.
"No aparece por ningún lado la desvinculación, separación o incluso contraposición entre ETA y la izquierda abertzale-Batasuna. Más bien lo que aparece es una interpretación a dos coros del mismo motivo melódico sin demasiada desarmonía al principio y plena armonía al final", señala el escrito de la Abogacía.
Añade que "el cotejo" entre las posiciones que han expresado ETA y quienes ofician de portavoces de la izquierda abertzale ilegalizada "no puede describirse como contraposición o separación, sino como interpretación a cuatro manos de la misma pieza".
"Mientras ETA exista, esté armada y la izquierda-abertzale-organización no rompa con la banda de una manera incontrovertiblemente real, no podrá ser un actor político normal, equiparable a otros partidos", indica.
Para demostrar que esa ruptura con ETA aún no ha llegado, la Abogacía del Estado se refiere a la reacción de Sortu ante lo expresado por ETA en su último comunicado el pasado 11 de julio, en el que -recuerda- la banda concluía con la consigna de siempre: "Jo ta ke independentzia lortu arte (Sin cejar hasta conseguir la independencia)".
La respuesta que ha dado Sortu ha sido "el silencio", indica el abogado del Estado, que resalta: "el que calla cuando debe y puede hablar consiente".
Así, insiste en que mientras ETA no desaparezca definitivamente, la izquierda abertzale 'ilegalizada' o 'legalizada' no puede pretender colarse en la normalidad política si no se desvincula de ETA "sin ofrecer ningún atisbo de duda, mediante un rechazo expreso de la violencia etarra y una petición de disolución".
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