Política
Ávila
Agencias | Redacción
El juez de Vigilancia Penitenciaria ha decidido que salga ocho horas cada día. El Ministerio Fiscal se ha opuesto a la medida.
Iñaki Urdangarin en una foto de archivo de EFE
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León ha permitido, con la oposición del Ministerio Fiscal, que Iñaki Urdangarin pueda salir del centro penitenciario de Ávila dos días a la semana, ocho horas cada día, para llevar a cabo una labor de voluntariado.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado, la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria recoge que la elección del régimen de vida, la forma de cumplir la pena de prisión, no está sujeto a la voluntad de los internos, viene regulada en la Legislación penitenciaria y es impuesta imperativamente por la Administración, de forma que su incumplimiento es objeto de sanción.
Iñaki Urdangarin, condenado por el Tribunal Supremo a cinco años y diez meses por el caso Nóos, ingresó en la cárcel abulense de Brieva el 18 de junio de 2018 y obtuvo el segundo grado dos meses después de ingresar en prisión.
El juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha estimado el recurso presentado por Urdangarin para poder realizar salidas para llevar a cabo un programa de atención especializada fuera del Centro Penitenciario de Ávila, al amparo del artículo 117 del Reglamento Penitenciario, sin cuestionar su clasificación en segundo grado.
Condena
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó en cinco meses —hasta los 5 años y 10 meses— la condena por el caso Nóos a Iñaki Urdangarin. De este modo se rechazaba el incremento de pena hasta los diez años de cárcel que solicitó la Fiscalía. El exduque de Palma había sido penado con 6 años y 3 meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y 2 delitos fiscales relacionados con la actividad de la citada entidad sin ánimo de lucro.
La rebaja de la pena acordada por el Supremo deriva de que absuelve a Urdangarin del delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, al entender que no ha quedado probada su intervención.
Además, Urdangarin deberá pagar en total algo más de un millón de euros si se suman las multas y las indemnizaciones a las que resulta condenado.
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