Denuncian ante la ONU los asesinatos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz

La Asociación de Víctimas del 3 de Marzo ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al haber agotado la vía judicial en el Estado español para que se pueda juzgar a los responsables de la matanza de 1976 en Vitoria-Gasteiz.

Las instituciones alavesas presentaron unas querellas sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en los que fueron asesinados cinco obreros durante una carga policial, unos procedimientos que acabaron en providencias del Tribunal Constitucional desestimando los recursos contra los archivos previos de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Álava.

La Audiencia acordó el archivo al estimar -tal y como hizo antes el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz- que la responsabilidad de un presunto delito de genocidio o de lesa humanidad ha prescrito porque esos delitos no estaban contemplados en la legislación vigente en 1976.

La Asociación anunció hace unos meses que acudiría a dicho comité de la ONU por ser el órgano encargado de la aplicación y el cumplimiento por parte de los estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Este colectivo ha dado a conocer este jueves que presentaron la reclamación-denuncia el pasado lunes y ha mostrado su esperanza en que el comité la admita para que luego se dé una respuesta sobre el fondo de la cuestión y ponga de manifiesto "la violación del Estado español del contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a investigar y enjuiciar los gravísimos crímenes cometidos" esa fecha.

La Asociación ha recordado que el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, en unas observaciones que hizo en 2015 a España, ya censuró "la política de impunidad mantenida en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la dictadura franquista".

Por último ha concluido que con esta denuncia pretende que se obligue al Estado a "abordar una investigación judicial eficaz y adecuada, en un marco penal, de aquella agresión policial de carácter criminal que sufrió la clase trabajadora y la ciudadanía de Vitoria en su conjunto".