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Política

Junta Electoral Central

Torra mantiene lazos y esteladas en los edificios públicos de la Generalitat

Agencias | Redacción

El presidente catalán alega la "dificultad legal de cumplir" el requerimiento de la Junta Electoral Central. Torra ha denunciado que es "un nuevo intento de censura de la libertad de expresión".

  • Vista de la fachada del Palau de la Generalitat. Foto: EFE

    Vista de la fachada del Palau de la Generalitat. Foto: EFE

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El presidente catalán, Quim Torra, ha enviado este miércoles a la Junta Electoral Central (JEC) un escrito en el que alega la "dificultad legal de cumplir" el requerimiento de retirar banderas esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat y le pide que "reconsidere" su decisión.

El escrito ha sido enviado poco antes de que venciera el plazo máximo de 48 horas dado por la JEC al presidente de la Generalitat para que ordenase la retirada de las esteladas y lazos amarillos, a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos.

En la fachada del Palau de la Generalitat sigue colgando, de hecho, la pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados", en catalán e inglés, junto a un lazo amarillo.

Desde Twitter, Torra ha denunciado que el requerimiento de la JEC es "un nuevo intento de censura de la libertad de expresión por parte del Estado español".

En su recurso, el presidente catalán rebate la "afirmación de esta JEC de que la bandera estelada es un símbolo partidista utilizado por formaciones políticas concurrentes a las elecciones y que su utilización es contraria a la neutralidad política".

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado en Segovia que, si Torra se niega a retirar los lazos amarillos, "se quitarán y desaparecerán, iniciándose un proceso sancionador".

En concreto, el artículo 153 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que "toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente ley que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente", con multas de entre 300 y 3.000 euros para autoridades o funcionarios.

Además de la sanción, o en paralelo, la JEC también puede dar traslado a la Fiscalía por si hubiera delito.

 

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