Rajoy: 'Todos sabían que no iba a autorizar un referéndum para liquidar España'

El expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha destacado este miércoles en el juicio del 'procés' que las autoridades de la Generalitat eran "plenamente conscientes" de que "no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional ni la unidad de España".

Rajoy ha explicado en su interrogatorio como testigo que se dirigió a los expresidentes del Govern Artur Mas y Carles Puigdemont para dejarles claro que, "mientras fuera presidente de España, no habría referéndum para liquidar la soberanía nacional ni la Constitución de un país".

Los expresidentes de la Generalitat "eran plenamente conscientes" de su postura, pues "desde el primer momento" él "no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España y para saltarme la ley", por lo que "no ha habido ningún acuerdo, ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo".

Tras reiterarles su posición, ha dicho, les recordó que "es el pueblo español el que decide lo que es España, y no los representantes de una comunidad autónoma, ni el Gobierno de España ni las Cortes Generales. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento".

Rajoy ha manifestado que dejó muy claras las reglas del juego: "Si quiere hacer un referéndum, eso lo tiene que decidir el pueblo español, tiene que ir a las Cortes, que tienen que modificar la Constitución. Pero no basta con el voto de las Cortes, sino que es el conjunto del pueblo español el que lo tiene que decidir. La soberanía nacional solo puede ser modificada por el pueblo español".

Y ha manifestado que siempre estuvo abierto al diálogo pero que, "si de lo único que se quiere dialogar, es de cómo se liquida la soberanía nacional, lisa y llanamente eso no era posible".

"Dialogar con alguien que de lo único que quiere dialogar es de ponerle fecha o discutir los términos de cómo liquidar la soberanía nacional no era posible o al menos no lo era para mí", ha reconocido Rajoy durante su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo.

Por otro lado, Rajoy ha considerado "normal" que en una situación como la que se dio el 1 de octubre de 2017 haya "enfrentamientos", sobre todo cuando hay "voluntad en algunos casos concretos de que los haya".

Rajoy ha dicho que estaba "seriamente preocupado" por "los acosos" a policías y guardias civiles, además de a alcaldes no independentistas, que se produjeron días antes de la celebración del referéndum.

En ese sentido, ha manifestado que lo que se hizo desde el Ejecutivo español el 1-O fue dar cumplimiento a las resoluciones judiciales para que se cumpliera la ley. "Y se cumplió la ley, porque la Junta Electoral Central dijo que no se había celebrado el referéndum", ha añadido.

Además, ha responsabilizado a los líderes independentistas que promovieron el referéndum de las lesiones que sufrieron aquella jornada los ciudadanos que acudieron a votar.

"Realmente, si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y no se hubieran tomado decisiones quebrantando la legalidad vigente, ni usted ni yo ni nadie hubiésemos tenido que ver las lesiones que tuvieron algunas personas y miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad. Eso es lo importante", ha señalado.

"Yo lamento muchísimo estas imágenes, no me gustan ni estas ni otras y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para que se den estas imágenes", ha añadido.

En referencia al lehendakari, Iñigo Urkullu, Rajoy ha asegurado que no hubo "ningún mediador de nada" entre su ejecutivo y la Generalitat, para evitar la activación del 155 y la DUI, porque estaba "clara" su posición de que no iba a "negociar" ni sobre la Constitución ni sobre la soberanía nacional.

Así lo ha manifestado Rajoy ante el Tribunal Supremo a preguntas del abogado Jordi Pina -defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez- sobre el papel que tuvo el lehendakari como supuesto mediador para evitar que el Gobierno aplicara el 155 y que el Govern impulsara la DUI.

"A mí nadie me demandó intermediar. No ha habido ningún mediador de nada porque mis posiciones estaban claras y las de los otros también", ha sostenido el expresidente del Gobierno.

Mariano Rajoy ha reconocido, eso sí, que "en aquella época" muchas personas, entre ellas Urkullu, "quisieron hablar y hablaron" con él, pero a todos les dejó "absolutamente claro" que no pensaba negociar "ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución, ni la soberanía nacional".

Pese a su resistencia inicial a aclarar si recibió personalmente a Urkullu, Rajoy ha acabado admitiendo, a instancias del presidente del tribunal Manuel Marchena, que "escuchó" al lehendakari y le dejó clara su postura, aunque sin precisar si se vieron o se comunicó con él por teléfono porque, se ha justificado, "a mí me llamó mucha gente".

Montoro no aclara si el referéndum se financió con dinero público

El exministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha explicado durante su declaración como testigo que durante 2016 y 2017 el Gobierno español tenía un férreo control de las cuentas de Cataluña y, cuando el Ministerio que él dirigía detectaba "algún tipo de irregularidad", lo denunciaba.

Hasta en siete ocasiones, ha admitido Montoro, lo hizo ante la Fiscalía General del Estado o la del Tribunal de Cuentas, una cantidad que el expresidente Mariano Rajoy, que le ha precedido en el turno de declaración, ha elevado a nueve.

Según el exministro, no es incompatible que se den irregularidades pese a la intervención de cuentas, en tanto que en el momento en que se detectan algunas se remite a los investigadores, que están asesorados por personal del Ministerio de Hacienda.

A preguntas del fiscal, Montoro ha hecho referencia a la famosa frase que pronunció aquellos días en la que reconoció que desconocía "con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1-O ni la manutención de Puigdemont" pero que estaba seguro que "no con dinero público".

Lo que quería decir, ha explicado, es que la Generalitat "no tenía posibilidad" de convocar un referéndum con fondos públicos, que "no podía hacerse materialmente esa convocatoria de referéndum porque la autoridad convocante no tenia presupuesto".

"¿Qué clase de convocatoria es la que se hace sin un presupuesto público? Es una situación muy difícil de definir", ha precisado.

Pascal pidió a Puigdemont que convocara elecciones

Por otro lado, la ex coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha revelado que apremió al expresidente catalán Carles Puigdemont a convocar elecciones autonómicas, para evitar la DUI, y le comunicó que esa era también la opción de "algunos referentes políticos" de su formación.

En su declaración como testigo en el juicio por el procés, Pascal, que estuvo imputada por el Tribunal Supremo en esta causa aunque finalmente fue exculpada, ha defendido que la independencia de Cataluña figura entre los "ideales más nobles" de su partido, pero, ha precisado, "con fines pacíficos y en un referéndum acordado".

En esa línea, la exdirigente de PDeCAT -que el pasado mes de julio fue apartada de la dirección de su partido en un congreso en el que se impuso el entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont- se ha mostrado contraria a la vía unilateral a la independencia.

Por ese motivo, ha explicado que, "cuando se tenía que tomar una decisión entre convocar elecciones o la DUI", ella trasladó a Puigdemont su opinión partidaria de los comicios y que ese criterio lo compartían "algunos referentes políticos" de su partido.

De Gispert asegura que habría actuado igual que Forcadell en el Parlament

Por su parte, la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha afirmado que entre las funciones del cargo que ejerció en la cámara catalana no figura limitar los debates que planteen los grupos políticos y ha añadido que habría actuado "igual" que Carme Forcadell con las iniciativas soberanistas.

De Gispert, miembro de Unió durante décadas y que abandonó el partido para integrarse en la formación soberanista impulsada por los críticos Demòcrates, ha declarado esta tarde como testigo en el juicio del 'procés', a propuesta de la defensa de la expresidenta del Parlament.

Según ha explicado De Gispert, la función de control de las Mesas y la presidencia del Parlament es "verificar" que las iniciativas de los grupos parlamentarios cumplen los requisitos formales para ser tramitadas.

Asimismo, ha añadido que desde los años 80, el Parlament de Cataluña ha aprobado numerosas resoluciones relativas al derecho a la autodeterminación o a la soberanía de Cataluña que no fueron objeto de ninguna impugnación.

De Gispert, que asistió al pleno del 6 de octubre en que se aprobó la ley del referéndum del 1-O, ha defendido que los grupos parlamentarios "pudieron presentar enmiendas y se admitieron muchísimas reconsideraciones".

Dos testigos se van del juicio al negarse a contestar a Vox

Por otro lado, el presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, ha suspendido la declaración de los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulalia Reguant tras negarse éstos a contestar a las preguntas de Vox, que ejerce la acusación popular, una prerrogativa que no les corresponde al acudir como testigos.

La exvicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saenz de Santamaría, ha destacado que en Cataluña hubo numerosas "actuaciones violentas" y "acoso masivo, generalizado y sistemático" durante el procés, de los que ha responsabilizado a los líderes independentistas por sus llamamientos a incumplir la ley.

Más de dos horas de comparecencia como testigo en las que Saenz de Santamaría ha hecho una férrea defensa de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad desplegados en Cataluña con motivo del 1-O, cuya "profesionalidad y prudencia", ha dicho, evitó un mal mayor.

De hecho, ha declarado que ellos evitaron "situaciones que pudieron ser mucho más graves por la irresponsabilidad de la Generalitat", a la que ha culpado de mantener el referéndum como parte de su "estrategia concertada" hacia la independencia, a sabiendas de que "la violencia del 20-S" se podía repetir.

Eso sí, se ha desvinculado por completo de la operación Copérnico, que destinó unos 6.000 guardias civiles y policías a Cataluña para impedir el 1-O, al alegar que no era la responsable de "diseñar" dispositivos policiales: "He leído sobre ella".

Y aunque ha reconocido en más de una ocasión que las imágenes de agentes golpeando a personas el 1-O "no son agradables a la vista", ha culpado inmediatamente de nuevo a los convocantes.

Santamaría se ha mostrado más segura en sus respuestas ante la acusaciones que ante las defensas, con las cuales ha mantenido más de un rifirrafe que ha provocado la intervención del presidente del tribunal, Manuel Marchena, para que fuera concisa en sus contestaciones.

En un plano más político, ha afirmado que su ejecutivo no creyó que la DUI fuera meramente "simbólica", como han apuntado los procesados, y prueba de ello es que se aplicó el artículo 155 de la Constitución, mucho "más oportuno" que el estado de sitio.

Hasta en tres ocasiones ha dicho que se reunió con Oriol Junqueras, quien le planteó la necesidad de hablar sobre el referéndum, algo que siempre rehusó porque no es potestad del Gobierno decidir sobre algo que corresponde al conjunto de todos los españoles.

Declaración de Artur Mas

Antes que ella, ha testificado el expresidente de la Generalitat Artur Mas, miembro habitual de las reuniones en las que se debatía el proceso independentista, en las que siempre escuchó "la voluntad" del Govern de pactar el referéndum, pero que "ante la imposibilidad de diálogo, no se decidió parar máquinas".

Tras apelar continuamente a la "experiencia" de la consulta del 9 de noviembre de 2014, por la que está inhabilitado hasta febrero de 2020, Mas ha explicado que su Govern tenía más vinculación con el 9N que el que lideró Carles Puigdemont con el 1-O, donde el protagonismo de la sociedad civil fue "determinante".

Una convocatoria que suponía una "alteración de la hoja de ruta" y sobre la que se permitió la "licencia" de aconsejar a Puigdemont que no abandonase nunca "la capacidad de convocar elecciones" porque "ahí es" donde la Generalitat "tiene la capacidad de control".

Aunque se intentó que el resultado obtenido aquel día "fuera vinculante desde un punto de vista jurídico" -ha proseguido Mas- "no se consiguió", aunque ha matizado que tras el 1-O "hubo una declaración de independencia en el Parlamento catalán", a diferencia del 9N. Por último, el expresident, que ha dejado claro que si se echó a un lado en la presidencia del Govern fue porque quiso.

Marchena amonesta a Tardà

El presidente del tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña, el magistrado Manuel Marchena, ha amonestado al diputado de ERC Joan Tardà y le ha recordado su condición de testigo en este proceso para que no realice "valoraciones políticas" o "juicios de valor". "Tiene otros foros para expresarlo", ha advertido.

El diputado de ERC, por su parte, ha asegurado que lo que sucedió el 20 de septiembre de 2017 en la Consellería de Economía fue una concentración "absolutamente espontánea", pacífica y sin violencia pues "ni la unidad de España ni la independencia de Cataluña valen una mínima violencia".