Política
Caso de Miguel
Agencias | Redacción
Tras varias semanas de declaraciones, el pasado lunes el empresario Josu Arruti admitió que tanto él como De Miguel acordaron una comisión de 161.000 euros para cada uno.
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El juicio por el caso De Miguel, la presunta trama de corrupción en la que están acusados varios exdirigentes del PNV alavés, se retomará el día 20 con el informe final de la Fiscalía, que tiene ahora una semana de plazo para cambiar sus peticiones de cárcel tras haber admitido algunos encausados supuestas comisiones.
Así, Josu Izaguirre, el fiscal jefe, tiene de plazo hasta el próximo miércoles, día 14, para modificar su escrito de acusación y las defensas hasta el viernes para los suyos.
Tras casi un mes de parón el juicio se reanudó el 15 de octubre. Ese día Izaguirre reveló que "desafortunadamente" no se había logrado cerrar un acuerdo de conformidad con la "mayor" parte de los acusados pero sí con una "parte significativa".
Sin embargo en esa misma jornada De Miguel negó ante el tribunal haber reclamado "ninguna comisión" por ningún trabajo, algo que también hicieron los otros dos principales imputados en esta causa; los exdirigentes del PNV alavés Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.
Tras varias semanas de declaraciones, el pasado lunes el empresario Josu Arruti, también imputado en la causa, admitió que tanto él como De Miguel acordaron en 2005 pedir al Grupo Riera en el marco de una operación urbanística en Zambrana (Álava) una comisión de 161.000 euros para cada uno, lo que fue aceptado por Francesc Fernández, uno de los responsables del grupo constructor catalán que también se siente en el banquillo de acusados.
Este miércoles han declarado la hermana y el cuñado de Arruti, Estíbaliz Arruti y Gorka Errasti, respectivamente. La primera ha explicado que su trabajo en la empresa familiar Sidepur, una de las sociedades investigadas, se limitó a cuestiones administrativas y que su hermano no le comentó nada de las comisiones que este admitió el lunes ni tuvo participación en la negociación de la misma.
Errasti, socio constituyente de Zerulur, otra de las empresas investigadas, ha reconocido que creó esta sociedad porque tenía "confianza ciega" en su suegro -también imputado-, y que no puso en duda el flujo de dinero entre las tres empresas familiares.
Tras la declaración de este último acusado ha comenzado la fase documental, que en su mayoría se ha dado por reproducida por las distintas partes, aunque la Fiscalía ha reclamado la exhibición de varios documentos.
Ahora está previsto que el juicio se suspenda hasta el día 20 para que la Fiscalía haga "ajustes" en sus conclusiones provisionales que según el Ministerio Público afectarán a una "pluralidad" de acusados.
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