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Política

Cataluña

El Defensor del Pueblo pide la retirada de lazos amarillos en los edificios públicos

AGENCIAS | REDACCIÓN

Considera que los símbolos de una determinada ideología política no pueden tener presencia en las instalaciones de la Generalitat, en los ayuntamientos o en edificios públicos como los hospitales.

  • Un lazo amarillo en el Parlament. Foto de archivo: EFE

    Un lazo amarillo en el Parlament. Foto de archivo: EFE

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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha asegurado que los poderes públicos deben respetar el principio de neutralidad ideológica, lo que es incompatible con la presencia de lazos amarillos en los edificios públicos.

Lo ha señalado en una declaración institucional, ante los recientes acontecimientos en Cataluña, y en la que ha mostrado "su preocupación por el deterioro de la convivencia en los espacios públicos catalanes".

El Defensor del Pueblo ha recibido y tramitado quejas sobre el uso de símbolos ideológicos en los edificios públicos y el pasado 7 de agosto amparó a un ciudadano que se quejaba de la instalación de lazos amarillos en la fachada principal del Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Además, el 30 de agosto el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta solicitó la intervención de la Institución para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones Públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos".

Girauta hacía referencia -continúa el Defensor- a la ocupación de las sedes físicas oficiales o dependencias de la Administración de la Generalitat o del Govern, así como de los Ayuntamientos, con símbolos (lazos amarillos, cruces, pancartas, esteladas) representativos o vinculados a unas determinadas ideas políticas.

Se aportaban fotografías de instalaciones de la Generalitat así como de los ayuntamientos de Barcelona, Girona, Reus, Vic y Berga.

El Defensor ha asegurado que, además de tramitar las quejas que reciba sobre estos asuntos, amparará, en su caso, a los ciudadanos y entidades afectados.

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