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Política

Política penitenciaria

Abogados dicen que medidas de excepción a presos de ETA impiden la resocialización

agencias | redacción

Onintza Ostolaza e Iñaki Zugadi han pedido, tras la disolución de ETA, que el Gobierno español "separe la política penitenciaria de la antiterrorista".

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Los abogados de presos de ETA Onintza Ostolaza y Iñaki Zugadi han asegurado hoy que es hora de terminar con las "medidas excepcionales" que se aplican a los presos, que consideran "restricciones políticas para la resocialización".

Ambos han comparecido hoy en el Colegio de Abogados de Bizkaia, donde, tras la disolución de ETA, han pedido al Gobierno español que "separe la política penitenciaria de la antiterrorista", de manera que las decisiones de los juzgados de vigilancia penitenciaria y de instituciones penitenciarias se basen en "el derecho", como las que afectan al resto de los reclusos, y no "en la política".

Según sus cifras, actualmente el 97,8% de la población reclusa en el Estado está en segundo o tercer grado, los más favorables, y solo el 2,1% en primer grado, el más duro. En cambio, con los presos de ETA las cifras son inversas: el 95% está en primer grado, y el resto en segundo; no hay ninguno en tercer grado.

Según estos abogados, el juzgado central de vigilancia penitenciaria tiene paralizadas un centenar de peticiones de reclusos de ETA de progresión de grado, y las que se han resuelto han acabado siempre en negativa.

"A los presos se les exige recurrir individualmente a la legalidad, pero luego los juzgados hacen contestaciones globales, con un modelo de respuesta, sin tener en cuenta las situaciones individuales de cada recluso", ha explicado.

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