Política
FIN DE ETA
AGENCIAS | REDACCIÓN
Dos históricos militantes de ETA han sido los encargados de dar lectura a la declaración final. Ambos han leído la misma declaración en distintos idiomas.
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En apenas tres minutos, en castellano y en euskera, dos históricos militantes de ETA, Josu Urrutikoetxea y Marixol Iparragirre, han puesto la voz al comunicado del fin de ETA.
Urrutikoetxea ha sido miembro de distintas delegaciones de ETA en procesos de diálogo e Iparragirre, por su parte, es una de las miembro del grupo interlocutor del Colectivo de Presos Politicos Vascos (EPPK).
Josu Urrutikoetxea, miembro de ETA desde los años 70, está en busca y captura desde finales de 2002.
Fue detenido en Baiona en 1989 y condenado a diez años de prisión por la Justicia francesa, que lo entregó a España en 1996. La Audiencia Nacional lo mantuvo preso por el sumario del caso Sokoa hasta que el Supremo ordenó su puesta en libertad el 14 de enero de 2000 al entender que por esos hechos ya había sido juzgado y condenado en Francia.
Estando en prisión fue elegido diputado en el Parlamento Vasco por Euskal Herritarrok (EH), incluso miembro de la comisión de Derechos Humanos de esa Cámara, y concejal en Ugao-Miraballes, su pueblo natal.
El Tribunal Supremo (debido a su condición de parlamentario) lo citó a declarar en noviembre de 2002 por el atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza, cometido en 1987. No compareció en ninguna de las dos ocasiones en las que se le citó, de modo que el Supremo dictó orden de busca y captura internacional contra él. Más de quince años después permanece en paradero desconocido, incluido en la lista de más buscados de Interpol.
Por su parte, Marixol Iparragirre es una histórica militante de ETA actualmente en prisión.
Se la vincula con ETA desde 1981; con el comando Araba entre 1984 y 1987, y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993. Años más tarde huyó a Francia.
No fue detenida hasta el 3 de octubre de 2004, en una operación en la que fue detenida junto a Mikel Albisu, Mikel Antza, en una casa de Salis-de-Béarn. En el momento de su detención, Iparragirre era la encargada de dirigir el aparto de extorsión de ETA.
Fue condenada junto a Mikel Antza a 20 años de cárcel por el Tribunal de lo Criminal de París el 17 de diciembre de 2010. El tribunal francés consideró a Albisu jefe político y a Iparragirre responsable financiera de ETA. El 13 de abril de 2012 fue elegida como miembro del grupo interlocutor del Colectivo de Presos Politicos Vascos (EPPK).
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