Política
CATALUÑA
AGENCIAS | REDACCIÓN
Además, el Tribunal Constitucional advierte que un nuevo intento de 'reproducir' esta investidura supondría contravenir esta suspensión y tendría consecuencias penales.
Imagen de archivo del Tribunal Constitucional. Foto: EFE
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este jueves por unanimidad la impugnación por parte del Gobierno español de la resolución del pasado mes de enero por la que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, propuso la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, cerrando esa vía. Además advierte que un nuevo intento de "reproducir" esta investidura, supondría contravenir esta suspensión y tener consecuencias penales.
Así lo han señalado fuentes del órgano de garantías, que señalan que un nuevo intento de investir a Puigdemont supondría, en principio, contravenir la suspensión acordada este jueves a no ser que se apruebe una nueva Ley por el Parlament que modificara las circunstancias actuales. En este caso, además, lo más probable sería que esta nueva norma se recurriera y fuera suspendida mientras se estudia su constitucionalidad.
La Abogacía del Estado presentó el 26 de enero el recurso que pedía la nulidad de la candidatura de Puigdemont, firmada por Torrent el 22 de enero. Sin embargo, el TC no tramitó el recurso del Gobierno español, lo que hubiera supuesto la suspensión del pleno de investidura, y se limitó a dictar unas medida cautelares por las que la sesión sólo se suspendería si se pretendía celebrar una investidura a distancia o Puigdemont acudía sin permiso del juez Pablo Llarena. Tras ello, el presidente del Parlament Roger Torrent aplazó la sesión.
El tribunal, tras oír a las partes personadas, ha considerado ahora que aunque Torrent dejara sin efecto la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura y designara uno nuevo, el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy plantea cuestiones de interés general que justifican que no se declare la extinción de la causa. Por ello se pronunciarán sobre el fondo y, mientras tanto, una eventual investidura de Puigdemont sigue en suspenso.
Además de dar un nuevo plazo de 20 días a las partes, el Tribunal declara "nulo y sin valor ni efecto alguno" cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada en la presente resolución "incluidos los que sean confirmación o reproducción de alguno de los actos suspendidos".
Asimismo, notifica personalmente la presente resolución tanto a Torrent como a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, José María Espejo-Saavedra Conesa, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez lbáñez, y Joan García González y doña Alba Vergés i Bosch y les advierte de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".
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