Josep Rull acusa al juez Llarena de seguir la hoja de ruta del Gobierno del PP

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha reanudado este martes la ronda de declaraciones indagatorias para comunicar a los procesados por el 'procés' los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.

El primero en comparecer ha sido el exconseller de Interior, Joaquim Forn, que ha pedido al juez que revise su prisión incondicional al defender arraigo personal para echar por tierra el argumento del riesgo de fuga y su alejamiento de la política para destacar la ausencia de reiteración delictiva.

Forn, que ha declarado durante unos 30 minutos, ingresó el pasado 2 de noviembre en la cárcel madrileña de Estremera y desde entonces ha solicitado sin éxito en varias ocasiones su puesta en libertad.

El segundo en comparecer ha sido el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, Josep Rull, que ha reprochado de forma contundente al magistrado la falta de separación de poderes en España y la politización del Poder Judicial, por lo que cree que el juicio que se celebrará contra él y resto de investigados por el 'procés' será "un mero trámite". En este sentido, para este exmiembro del Govern de Carles Puigdemont la justicia en España actúa movida por presiones políticas.

Ha afirmado también que ninguno de ellos sería juzgado en este procedimiento si el independentismo no hubiera ganado las elecciones en Cataluña.

Por último, ha llegado el turno del exconsejero de Exteriores de la Generalitat Raül Romeva, que volvió a prisión el pasado 23 de marzo y ha destacado este martes ante el juez Llarena que la "violencia" que hubo durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre fue policial y que ésta fue "desproporcionada".

Romeva ha dicho que su partido político, Esquerra Republicana (ERC), ha defendido durante años un programa independentista que es legal y que se pretende "criminalizar". Romeva, que ha comparecido alrededor de 45 minutos, ha defendido que el proceso soberanista es en todo caso una cuestión política y que por tanto no es legítimo judicializarlo porque vulnera derechos fundamentales.