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Política

Juicio por presuntas torturas

La Fiscalía acusa de 'torturas graves' a los cuatro guardias civiles

Redacción

En la causa contra 15 guardias civiles por las presuntas torturas sufridas por Sarasola y Portu, el médico de la UCI ha dicho que la vida de éste último corrió peligro. Ha quedado visto para sentencia

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La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de cárcel para los guardias civiles imputados: tres años para dos de los procesados (un sargento y un cabo), dos años para otros dos (un cabo y un guardia), y diez días de localización permanentepara los seis restantes (dos tenientes, tres cabos y un guardia). El juicio ha quedado visto para sentencia.

El fiscal Jaime Goyena ha considerado que los hechos juzgados son constitutivos de un delito de "tortura grave", atendiendo a la "intensidad del sufrimiento" y a la "ansiedad" que padecieron los arrestados.

Se exculpa, sin embargo, a los agentes que tomaron parte en la detención como conductores de los vehículos utilizados para los traslados de Portu y Sarasola y al encargado de su custodia en los cuarteles de Intxaurrondo, al darse "un vacío probatorio" sobre si tuvo conocimiento de que presuntamente se estaba "golpeando" a los arrestados en los calabozos.

El fiscal destaca que los guardias civiles acusados "golpearon deliberadamente" a los detenidos "con el fin de humillarles, castigarles y degradarles por su supuesta pertenencia a ETA".

Goyena considera que los acusados "no han dicho la verdad" en sus declaraciones y que los informes periciales de los médicos forenses de la defensa están caracterizados por una "cierta parcialidad y falta de independencia".

Además, ha añadido que, a diferencia de los realizados por los forenses de San Sebastián, han sido efectuados a partir de fotografías y no en base a reconocimientos a Portu y Sarasola.

Goyena defiende que las lesiones que presentaban tras su detención no pueden ser fruto de un forcejeo sino "de una acción de lesión reiterada, continuada y unilateral" por parte de los guardias civiles, cuya versión considera "cualquier cosa menos plausible" en numerosos aspectos.

Declaración del médico de la UCI

Además, en la cuarta sesión el médico del Hospital Donostia que decidió el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del miembro de ETA Igor Portu ha asegurado hoy que cuando lo examinó su estado era "muy grave" y que sus heridas eran de "riesgo vital".

Este facultativo ha declarado hoy en la cuarta jornada del juicio que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa contra quince guardias civiles acusados de torturar a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, dos de los autores del atentado de Barajas, durante su detención y sus posteriores traslados a distintos lugares.

En ese sentido, el médico responsable de la UCI del Hospital Donostia ha explicado que Portu presentaba un "neumotórax" con aire en la cavidad pleural que podía evolucionar hacia "un mayor compromiso respiratorio y hemodinámico".

También ha señalado que estas heridas eran graves y se encontraban "vírgenes de tratamiento" por lo que la situación del arrestado resultaba "muy grave" porque, de no recibir tratamiento médico, implicarían un "riesgo vital".

El doctor ha recordado asimismo que Portu le refirió que se encontraba detenido y que las heridas que presentaba eran consecuencia de las patadas y puñetazos que había recibido.

Lesiones compatibles

Por su parte, las defensas de los 15 guardias civiles han señalado que las lesiones que presentaban Portu y Sarasola son compatibles con la versión de la "detención violencia" que dieron los procesados. Los abogados de los agentes han pedido la absolución para sus defendidos.

Los abogados de los agentes han mantenido que las lesiones "más graves" que sufrieron Portu y Sarasola pueden justificarse con la versión de los dos guardias que los capturaron.

Detenidos en 2008

La detención de Portu y Sarasola tuvo lugar el 6 de enero de 2008 en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), un año después de su participación en el atentado contra la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, atentado en el que murieron dos personas y supuso el fin del anterior alto el fuego de la organización terrorista.

Este año, la Audiencia Nacional les ha condenado a más de mil años de prisión a cada uno.

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