La Audiencia Nacional investigará como sedición las protestas en Barcelona

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia interpuesta el viernes por la Fiscalía por las protestas ocurridas el 20 y 21 de septiembre en Barcelona después de que la Guardia Civil llevara a cabo una operación policial contra el referéndum del 1 de octubre.

A cuatro días del referéndum, Lamela ha asumido en un auto la competencia de la Audiencia Nacional en este caso al entender que el fin último de las protestas es el de una ruptura de la forma de Gobierno.

Como primera diligencia de investigación, la juez, tal y como pidió la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha solicitado a la Guardia Civil un atestado que recoja todos los sucesos ocurridos esos días, principalmente ante la sede de la Consejería de Economía a raíz de la detención de los dos más estrechos colaboradores del responsable de ese departamento, Oriol Junqueras.

La denuncia de la Fiscalía, suscrita por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, no iba dirigida contra nadie en concreto, pero mencionaba expresamente a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, y al de Òmniun Cultural, Jordi Cuixart, por llamar a la movilización "conscientes de que dificultarían la intervención policial".

Al asumir la competencia, Lamela explica que el tipo penal de la sedición del artículo 544 del Código Penal exige una conducta colectiva caracterizada por un "alzamiento tumultuario" dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes.

Por ello, tal y como acontecieron los hechos, considera que lo ocurrido podría ser constitutivo de ese delito "con carácter provisional" y sería competencia de la Audiencia Nacional en tanto que lo sucedido "puede suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno", un delito contra una alta institución del Estado, de los que este tribunal es competente.

Si bien la juez reconoce que no todos los delitos de sedición con carácter general son competencia de la Audiencia Nacional, en este caso sí porque lo ocurrido iba dirigido a atentar también contra la forma de Gobierno, "al tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional".