Política
Documento del Foro Social
Agencias | Redacción
El documento del IV Foro Social aboga por respetar los derechos de los presos, desactivar la política penitenciaria de excepción y transferir a Euskadi y Navarra la competencia de prisiones.
El coordinador del Grupo Internacional de Contacto, Brian Currin. Foto: EFE
El coordinador del Grupo Internacional de Contacto, Brian Currin, ha respaldado hoy el "documento aspirativo" presentado por el Foro Social del proceso de paz vasco sobre los presos vascos, y ha instado a ver a estas personas "como parte de la solución y no como parte del problema".
Así lo ha señalado en un acto organizado en Pamplona por el Foro Social para presentar las conclusiones de su cuarta asamblea, celebrada en marzo en San Sebastián, sobre "Facilitar el retorno de las personas presas o huidas por motivaciones políticas", que piden el trato acorde a los derechos humanos de los presos, desactivar la política penitenciaria de excepción, y transferir a País Vasco y Navarra la competencia de prisiones.
Al respecto, Currin ha respaldado hoy la labor del Foro Social y su trabajo por "mantener vivo" este trabajo, más aún cuando el Gobierno del Estado español "no está asumiendo el papel que debería en un proceso de paz como este", ha dicho para lamentar también que el Ejecutivo central "no reconozca principios fundamentales".
Entre ellos, ha puesto el acento en el valor que supone contar con los propios presos en este proceso de pacificación, al entender que de por sí, si son "objeto de consulta", si se cuenta con "su implicación y compromiso", supondrá que "han empezado a apostar por los valores democráticos" y han emprendido un camino "educativo".
Y a ello hay que responder con acciones que les ayuden "antes de su liberación", para permitir así que sean después "ciudadanos activos de la sociedad" y se puedan llegar a reinsertar adecuadamente.
En cuanto al resto del documento, que ha tildado de "aspirativo", ha defendido que sus principios "se basan en derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente como derechos justos y humanos, no hay nada extraordinario", y ha mostrado su "confianza" en lograr avances, cuyo éxito se deberá en gran parte a "la capacidad de la sociedad de trabajar juntos y lograr el consenso necesario".
"Este documento es solo un primer paso de un camino largo, difícil y arduo", ha señalado el reconocido mediador internacional, cuyo apoyo ha seguido brindando a este proceso.
Derechos humanos, fin de la excepcionalidad y transferencia de prisiones
Antes de su intervención se han leído las conclusiones del IV Foro Social, aglutinadas en la necesidad de un "consenso suficiente, transversal para lograr una solución integral" a lo relacionado con la integración de los presos por delitos de motivación política acaecidos en el marco del denominado conflicto vasco".
Este consenso debería contar con representación social, política e institucional en País Vasco y Navarra, y participación de los presos, e "implementar una hoja de ruta relativa al retorno" de los encarcelados.
Como principios de ese consenso se cita el cese de la política penitenciaria que "contraviene los derechos fundamentales", con la excarcelación de enfermos graves o de edad avanzada, el fin de la dispersión y alejamiento carcelario, o garantizar su intimidad, educación y estudio al que tienen derecho.
El "fin de la excepcionalidad penitenciaria" con estos presos debería ser el "paso previo" al desarrollo de una justicia "de carácter transicional" en el retorno "a la legalidad ordinaria previamente existente", con medidas como la concesión de libertad condicional cumplidos dos tercios de la condena, o la vuelta de las competencias a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria Naturales.
El tercer principio es la transferencia a la CAV y Navarra de la competencia de prisiones, con la elaboración de un plan "de reintegración, temprano e individualizado" de los presos.
Aportación de la sociedad civil
Igualmente, en el acto se ha presentado el documento 'Aportación desde la sociedad civil a la construcción de una hoja de ruta consensuada' en el que se avanza una ronda de consultas con instituciones y agentes políticos y sociales para avanzar en la hoja de ruta presentada, así como con colectivos de presos.
Recoge, también, el compromiso de "generar espacios de colaboración" con movimientos que trabajan en la defensa de los derechos humanos y pide la implicación de personas procedentes del ámbito jurídico así como de la comunidad internacional.
Por otro lado, el Foro Social señala que trabajará para "ayudar a emerger una corriente de opinión" en el conjunto del Estado que "facilite una evolución de la política penitenciaria hasta ahora aplicada".
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