Política
Juicio por el 9N
Agencias | Redacción
El expresidente catalán asume su responsabilidad en "la idea del proceso de participación" y subraya que los voluntarios "fueron clave".
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Por primera vez en la historia de Cataluña, un expresidente de la Generalitat se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados por el juicio del 9N. Durante 50 minutos, Artur Mas ha explicado, respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado, Xavier Melero, lo ocurrido antes y después del proceso participativo de 2014.
El juicio en el TSJC ha empezado a las 09:50 horas –estaba previsto a las 09:00–, con Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau sentados en el banquillo por presunta desobediencia al TC por el 9N. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Mas -y nueve para Ortega y Rigau-, una pena que la acusación popular ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP y Manos Limpias pide elevar a 12 años y que, en ambos casos, impediría a los procesados ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de condena.
Los tres han llegado al Palacio de Justicia arropados por el presidente Carles Puigdemont –"Hoy muchos nos sentimos juzgados", ha dicho minutos antes– y por los miembros del Govern, así como por las entidades soberanistas, cargos electos y unas 16.000 personas.
Mas, quien se ha negado a responder a las preguntas del fiscal y de la acusación particular, ha asumido toda la "iniciativa política" en la organización del 9N, una votación que ha asegurado que no fue "un capricho personal o una salida de tono", sino el cumplimiento de un "mandato explícito del Parlament".
"Quiero dejar claro que las directrices venían de la presidencia de la Generalitat y de mi mismo, los otros miembros del Govern siguieron estas directrices, eso afecta a Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. El expresidente catalán ha recordado que la iniciativa de impulsar el 9N tenía "unas raíces profundas claras, y estrictamente democráticas".
Mas, entre Rigau y Ortega, minutos antes de comenzar su declaración. EFE
"Nadie nos advirtió"
El expresidente de la Generalitat ha alegado que el Tribunal Constitucional no advirtió al gobierno catalán de las responsabilidades en que incurriría de mantener el 9N, ni respondió a las peticiones de aclaración que le hizo llegar la Generalitat. "Nadie nos requirió, nadie nos advirtió, solo recibimos una comunicación", ha afirmado Artur Mas.
Preguntado si el 9N tuvo conocimiento de las denuncias que se estaban presentando contra la votación, Mas ha afirmado que sí que lo supo, a medida que iba avanzando la jornada, y se ha se preguntado: "¿Si tan evidente era que aquello era un delito, o más de uno, cómo puede ser que el Tribunal Constitucional no hiciera nada para hacer obedecer su resolución o providencia?".
El presidente del tribuna, Jesús María Barrientos, ha intervenido inmediatamente y ha pedido a Mas que se limite a contestar a las preguntas, no a formularlas. El expresidente ha contestado con una afirmación: "El Constitucional en ningún caso hizo nada de nada para que se obedeciera aquella notificación".
El expresidente de la Generalitat ha admitido que el gobierno catalán modificó el "formato" de la consulta tras la suspensión del TC, "ya no tenía capacidad por ella misma de llevar a cabo el proceso participativo"
Según ha dicho, sobre todo querían hacer "algo serio y que se entendiera en todo el mundo", y que, ante un proceso de alta complejidad organizativa y logística, o se apuntaba mucha gente o no se hubiera podido llevar a cabo. Así, ha dicho que en ningún caso se hubiera podido llevar a cabo la consulta "sin la participación de los 42.000 voluntarios". Estas personas, a las que ha agradecido su colaboración, "fueron elemento y pieza clave imprescindible de la organización del 9N" y sin ellos hubiera sido materialmente imposible, en sus palabras.
"No se trataba de una consulta para tener vinculaciones legales, solo para conocer la opinión de la gente", ha añadido el expresident, tras lamentar los infructuosos intentos del Govern de llegar a un "acuerdo" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para preguntar a los catalanes sobre su futuro.
Mas ha subrayado también en su declaración la "ridiculización, menosprecio y mofa" con que el Gobierno central se refirió a la consulta del 9N en los días previos a la celebración de la consulta: "Se consideraba una cosa secundaria, menor, intrascendente".
Vista de una pantalla de la sala de prensa durante la declaración de Mas. EFE
Ortega: 'Los voluntarios fueron el alma del proceso"
Tras la declaración del expresidente catalán Artur Mas, ha llegado el turno de la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, quien ha ahondado en los argumentos ofrecidos por Mas.
Así, ha alegado que los "más de 40.000 voluntarios" fueron el "alma" del proceso participativo del 9N de 2014 y fueron ellos los que "hicieron posible" el proceso participativo, y no la Generalitat, que lo había dejado "en sus manos" desde días antes.
Según Ortega, "escuchar el pueblo, a la gente", no puede ser "nunca un acto delictivo y aún menos un acto criminal".
La exvicepresidenta ha recalcado que en esos días no recibió ningún requerimiento directo del Tribunal Constitucional y ha advertido de que el Govern no tenía claro "cuál era el alcance ni los efectos" de la providencia del Tribunal Constitucional sobre el 9N.
Los tres acusados, a su salida del TSJC. EFE
Rigau: "Un movimiento con voluntarios no se hace con coacciones"
La exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha negado que presionaran a los directores de institutos para que abrieran las puertas de los centros para la votación del 9N y ha asegurado que en ningún caso tiene conciencia de haber desobedecido al Tribunal Constitucional, porque no recibió ninguna advertencia.
Respondiendo únicamente a preguntas de su abogado, Jordi Pina, Rigau ha negado presiones: "Habría sido una contradicción, porque un movimiento con voluntariado no se hace con coacciones". La consellera ha reconocido que se efectuaron reuniones informativas con algunos directores del área de Barcelona y ha dicho que tuvieron un único problema con el IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), cuya directora se negó a ceder el centro. Según Rigau, la directora de este instituto planteó peticiones que "iban más allá", por lo que decidieron "prescindir de este centro" y buscaron otra ubicación.
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