Política
Dos guardia civiles heridos
Agencias | Redacción
La jueza atiende a la petición fiscal, en contra de lo sostenido por los informes de la propia Guardia Civil y la Policía Foral.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se ha declarado competente para investigar por un delito de terrorismo la denuncia presentada por la asociación de víctimas COVITE por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua el pasado 15 de octubre.
En su auto, la juez se declara competente para investigar lo sucedido, en la línea de lo defendido por la Fiscalía. La decisión, que no es firme, puede ser recurrida en el plazo de tres días.
Lamela acuerda practicar diligencias previas, entre ellas, requerir al juzgado de instrucción de Pamplona, que conoce de los hechos, testimonio íntegro de las diligencias incoadas. También pide a la Guardia Civil que, con carácter urgente, emita informe sobre la "campaña de acoso" que sus agentes supuestamente sufren en la Comunidad Foral de Navarra y, concretamente, en la localidad de Alsasua.
Igualmente, solicita a la Guardia Civil que identifique a quienes realizaron las declaraciones y aparecen en las fotografías publicadas para desmentir colectivamente "la versión oficial" de las agresiones, así como a los titulares y responsables de la cuenta denunciada AltsasukoGaztetxea (@AtlsasukoGA). Requiere también la juez a la Policía Foral de Navarra que remita a la mayor brevedad las actuaciones practicadas con motivo de tales hechos.
"Se trata de graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública", afirma en línea con la Fiscalía, que ya expuso esos argumentos en su petición de ayer.
Sin embargo, los informes policiales realizados por la propia Guardia Civil y la Policía Foral constatan que no hubo un "linchamiento o paliza organizada" contra los agentes y sus parejas. En concreto, el informe de la Guardia Civil habla de "una agresión", pero desdice a los dos agentes y desmiente la versión difundida hasta el momento que apuntaba a un linchamiento por parte de unos 40 o 50 jóvenes de Alsasua.
Alternativa KAS
Lamela recuerda en su resolución que el 15 de octubre un grupo de personas se concentró en Alsasua contra la Guardia Civil portando pancartas con el lema Alde Hemendik (Fuera de aquí) para desmentir la "versión oficial" de los sucedido horas antes. Lamela señala que, de acuerdo a los argumentos del ministerio fiscal, "la expulsión de la Guardia Civil de Euskadi es una de las exigencias" que estableció ETA a través de la Alternativa KAS (1976) y la Alternativa Democrática (década de los 90) para abandonar las armas, y fue también "uno de los ejes de actuación" de los partidos ilegalizados.
Según la magistrada, los hechos ocurridos en Alsasua cumplirían las condiciones que pone el Tribunal Supremo para que sean terrorismo: que quieran intimidar a la población, obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de ello y desestabilizar las estructuras de un país.
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