La candidatura de Otegi, pendiente de la Junta Electoral

La candidatura a lehendakari de Arnaldo Otegi por EH Bildu para las elecciones vascas del 25 de septiembre quedará en manos de la decisión de la Junta Electoral de Gipuzkoa, que proclamará el 29 de agosto las candidaturas para los comicios pertenecientes a su circunscripción.

Tras la excarcelación del histórico dirigente de la izquierda abertzale el pasado 1 de marzo, la Fiscalía General del Estado anunció su intención de informar a este organismo de las penas de inhabilitación a las que está condenado Otegi en el caso Bateragune y que se prolongarán hasta el 28 de febrero de 2021.

Sea cual sea la decisión de la Junta guipuzcoana, ésta podría ser recurrida ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa por cualquiera de las partes, y la resolución llegaría en dos días.

En caso de que el recurso fuera desestimado, la decisión se podría recurrir ante el Tribunal Constitucional, que tendría que decidir antes del inicio de la campaña electoral, que dará inicio a las 24:00 del 9 de septiembre.

Otegi fue condenado a 10 años de prisión y a dos inhabilitaciones, una especial para empleo o cargo público y otra de inhabilitación especial para el sufragio pasivo. Posteriormente, el Tribunal Supremo mantuvo en 2012 ambas inhabilitaciones, aunque las redujo a una duración de seis años y medio.

La fecha de inicio del cómputo de esta condena no arrancó hasta septiembre de 2014, día siguiente a que cumpliera la pena de inhabilitación absoluta impuesta en un procedimiento anterior, su participación en 2005 en el homenaje al miembro de ETA Joxe Maria Sagardui Gatza en el municipio vizcaíno de Amorebieta.

Dónde está el conflicto

Sortu y abogados de la izquierda abertzale consideran que Otegi puede postularse como candidato al considerar que existe "un error" en la redacción del fallo, ya que no se especifica para qué cargos públicos está inhabilitado.

Fundamentan su postura en el caso del parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, que fue condenado por terrorismo y sobre el que pesaba una pena de inhabilitación especial, que quedó sin efecto al no aclarar la sentencia para qué empleos o cargos públicos estaba inhabilitado.

Sin embargo, sectores judiciales y fiscales creen que ambos casos no son idénticos, ya que Casanova no fue condenado a inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

En resumen, la decisión será de la Junta Electoral, aunque la última palabra la tendrá el Constitucional.