La juez abre juicio oral por el 'caso De Miguel'

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz, Maria Eneida Arbaizar, ha decretado la apertura del juicio oral por el 'caso De Miguel', el mayor sumario por presunta corrupción instruido hasta ahora en Euskadi.

El caso investiga la presunta trama de cobro de comisiones ilegales, que operó supuestamente entre 2005 y 2009, y en la que están imputadas 26 personas, entre ellos varios ex dirigentes del PNV en Álava, a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado.

En un auto hecho público este martes, la titular del Juzgado ha decidido, asimismo, dictar una serie de medidas cautelares. Entre ellas se requiere al principal acusado en esta causa, el ex número dos del PNV en Álava Alfredo de Miguel, que pague una multa de 16,5 millones de euros y 133.920 euros de comiso.

El Ministerio Fiscal pidió en marzo más de 54 años de cárcel y una fianza de 25 millones de euros para De Miguel al que acusa de 27 delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. En su escrito de acusación, la Fiscalía consideraba a De Miguel "dirigente" de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales y otras actividades delictivas. A su entender, De Miguel "aprovechó sus responsabilidades políticas" para impulsar esta presunta red de corrupción.

La juez rebaja la cuantía de las fianzas

En su auto, la magistrada decreta la apertura de juicio oral contra las 26 personas señaladas por el fiscal en su escrito de acusación, aunque rebaja la cuantía de las fianzas solicitadas.

En el caso de Alfredo de Miguel, le requiere el pago cautelar de 16,5 millones de euros, mientras que la suma exigida al exdirigente jeltzale Aitor Telleria es de 879.000 euros y a Koldo Ochandiano, de 588.000 euros.

Otros acusados menos conocidos también deberán abonar importantes sumas en concepto de fianza. La magistrada reclama 9,2 millones de euros a Jesus Arruti, mientras que para Francesc Fernández, Joaquín Sabater, Plácido Casas y Ramón Tomás I Riba solicita 6,4 millones de euros en cada caso.

El auto da por "apartada" del procedimiento a la Diputación Foral de Álava, mientras que el Gobierno Vasco se mantiene como "actor civil" en la causa.

La causa fue iniciada en 2009 a raíz de la denuncia de una empresaria a la que se habría solicitado el pago de comisiones ilegales para acceder a contratos públicos en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava).