Política
Reparto de competencias
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Euskadi es la única comunidad del Estado que carece de una regulación de este tipo.
La Ley Municipal es una reivindicación histórica de los municipios vascos, que ha tardado 35 años en ser acordada y que regula las competencias de los ayuntamientos y la financiación. Euskadi es la única autonomía del Estado que carece de una regulación de este tipo.
Entre otras cuestiones, la norma, que se denominará Ley de Régimen Local, establece la participación de los ayuntamientos con "voz y voto" dentro del Consejo Vasco de Finanzas, el órgano que fija cómo se reparte el dinero recaudado entre las instituciones y que está formado por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones.
Hasta ahora, la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) participaba con voz en este órgano, pero una vez aprobada la ley los entes locales tendrán capacidad de decisión sobre las cuestiones financieras de las materias que les afectan.
Así, por primera vez, los ayuntamientos participarán del reparto general de recursos económicos que se hace en el Comunidad autónoma vasca.
Por otra parte, la futura ley vasca establece 37 ámbitos donde las administraciones locales pueden tener competencias.
En ese sentido, se va a promover la elaboración en un año de un informe sobre las competencias ejercidas actualmente por los entes locales y su situación actual, para que cuando se proceda a la modificación de la Ley de Aportaciones, en la que se regula lo que aportan las diputaciones al Gobierno Vasco, se tenga en cuenta la labor de cada municipio la hora de definir la financiación de los ayuntamientos y no solo las futuras actuaciones.
Según PNV y EH Bildu, la futura ley resolverá problemas "históricos" como las Ayudas de Emergencia Social (AES) y el mantenimiento de los euskaltegis y las escuelas de música.
Sobre las AES, asunto que provocaba año tras año numerosos problemas a ayuntamientos, el acuerdo prevé una renovación del marco del Sistema de Garantía de Ingresos global y, mientras se elabora, contempla una solución transitoria para que los ayuntamientos que aporten sus recursos al pago de las AES cuando se acaba el presupuesto del Gobierno Vasco vean compensada en parte esa aportación.
El texto también da la posibilidad a los ayuntamientos de celebrar consultas ciudadanas sobre materias de su ámbito competencial y que estas sean vinculantes.
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