Joana Ortega niega haber desobedecido por la consulta del 9N

La exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha alegado hoy que la organización de la consulta del 9N estaba en manos de voluntarios cuando el Tribunal Constitucional (TC) la suspendió, por lo que no tiene "ninguna conciencia" de haber desobedecido cuando compareció para difundir sus resultados.

Ortega ha declarado hoy como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su papel en la organización de la consulta alternativa del 9N, en un interrogatorio en el que ha insistido que no tiene conciencia de haber "desobedecido al TC, ni de haber dictado ninguna resolución injusta, ni mucho menos cometido ninguna irregularidad económica".

La exvicepresidenta ha hecho unas declaraciones a los medios de comunicación, sin preguntas, tras declarar ante el TSJC durante poco más de una hora como imputada por su papel en la organización del 9N, por lo que la Fiscalía la acusa de los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones.

Ortega ha asegurado que está "tranquila" con su actuación como vicepresidenta y al frente del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, porque ha afirmado que siempre ha obrado con respeto a la legalidad.

Y ha señalado que no es bueno "criminalizar un acto político democrático y pacífico" como el 9N, porque estos asuntos se tienen que "dirimir con diálogo, consenso y con voluntad de pacto".

La exvicepresidenta del Govern, que como la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía, ha expuesto ante el juez que, cuando el TC suspendió la primera consulta, convocada por decreto, ordenó detener todas las actuaciones relacionadas con el 9N.

Esta primera consulta fue sustituida por un proceso participativo, que también fue suspendido por el TC en una providencia del 4 de noviembre, pero entonces, ha alegado Ortega, la organización estaba finalizada, y los voluntarios tenían todas las tareas asignadas, por lo que ha considerado que no había nada que ella pudiera paralizar.

Según fuentes judiciales, la exvicepresidenta ha argumentado ante el juez que a partir del 30 de septiembre de 2014, una vez prohibida la consulta por el TC, se paralizó totalmente el proceso convocado por decreto y los expedientes económicos relacionados con el mismo y así se comunicó a todos sus subordinados.

De esa forma, se abrió un proceso participativo distinto, sin uso de censo electoral oficial ni control y supervisión alguno por parte de los órganos de la Generalitat y estrictamente en manos de voluntarios, ha recalcado Ortega, en la misma línea de defensa que Irene Rigau ha blandido esta mañana ante el tribunal.

Así, Ortega ha asumido la responsabilidad de la organización del proceso participativo del 9N tanto en sus actos personales como en los de sus subordinados.

Además, ha defendido que si compareció en el recinto ferial de Montjuïc para difundir los resultados del 9N es porque consideraba que tenía la obligación de informar a la ciudadanía de un hecho "relevante" desde una perspectiva "histórica, sociológica y política".

Además, ha aducido que, desde la suspensión del TC, la web de la Generalitat "Participa2014" que informaba del proceso no publicó ningún nuevo contenido y que si la página no se desactivó es porque ello exigía desmontar un procedimiento muy complejo que pretendía protegerla de posibles ataques informáticos.

Ortega ha querido desmarcar a la Fiscalía Superior de Cataluña de la querella en su contra, que ha atribuido a una orden de la Fiscalía General del Estado, motivo con el que ha justificado su decisión de negarse a responder a las preguntas de los tres fiscales.

Irene Rigau: "Cumplí el mandato del Parlament"

Por su parte, la consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha asegurado que tiene la "conciencia tranquila" por haber organizado el proceso participativo del 9N, y ha defendido que no hizo nada negativo, sino que solo cumplió un mandato del Parlament.

En declaraciones a los periodistas tras haber declarado como imputada por el 9N, ha precisado que no ha respondido a las preguntas del Fiscalía por haber "cambiado" de criterio respecto al 9N, ya que primero no apreció ningún delito pero luego sí lo apreció.

"Cumplí con un mandato del Parlament; de mi parlament", y ha asegurado que no se dio órdenes a los directores de los colegios para abrir los centros como puntos de votación, sino que sólo se les informó de que podían ceder el espacio.

Rigau ha comparecido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) durante una hora.  La consejera en funciones se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y a las formuladas por los abogados de la acusaciones populares; y sólo ha contestado a las preguntas planteadas por el juez, Joan Manel Abril, y a su defensa.

Rigau ha llegado al Palacio de justicia arropada por una amplia representación del Govern catalán y ante la presencia de centenares de simpatizantes de las entidades soberanistas ANC, Òmnium, AMI y ACM, que han convocado una concentración de apoyo a la consejera.

(Rigau, a su llegada al Palau de Justicia. EFE)

Pese a que el TSJC admitió a finales de 2014 varias querellas por el 9N, entre ellas la de la Fiscalía -que obligó a interponer la Fiscalía General del Estado a la Fiscalía catalana-, no ha sido hasta este 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas, que se ha decidido a citarlos como imputados.

Durante estos meses, el tribunal ha practicado varias diligencias, entre ellas tomar declaración como testigos a directores de centros educativos en los que se celebraron las votaciones y pedir diversa documentación relacionada con la consulta, como información del centro informático, las papeletas y comunicaciones internas.

Acusación

La Fiscalía acusa a Mas, Ortega y Rigau de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución", al haber organizado este proceso participativo pese a la suspensión decretada por el TC.

Considera que sabían que la consulta prevista inicialmente --primero-- y el proceso participativo --después-- habían sido suspendidos, y aludió a estas declaraciones de Mas para probarlo: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno".

La Fiscalía cree que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la decisión del TC fuese expresa, sino que "esa voluntad puede deducirse, tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o tácitos", recogía el escrito.

También insistía en que fue "una consulta planificada, auspiciada y financiada" por el Govern, que el contenido de la suspensión no dejaba margen a la duda y que, pese a eso, los tres querellados participaron en su fomento de manera personal y directa, decía literalmente.

Concentración en apoyo de Rigau y Ortega

Las entidades soberanistas ANC, Òmnium, AMI y ACM han realizado una concentración ante el Palau de Justícia para darles apoyo porque consideran que la imputación de los tres dirigentes es "un ataque" a la democracia, y lo tienen previsto repetir el jueves cuando declare Artur Mas.

(Esteladas y carteles proindepentistas en la concentración. Foto: EFE)

El TSJC critica las concentraciones

Por otra parte, el TSJC ha tildado de "ataque directo a la independencia judicial" las manifestaciones convocadas frente a su sede en apoyo de Joana Ortega e Irene Rigau.

En un comunicado, la sala de gobierno del TSJC ha dicho que estos actos son un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y un cuestionamiento "aún más inadmisible" cuando es una estrategia diseñada por cargos públicos.

El TSJC ha alertado de que "cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política".